El pasado 16 de diciembre del 2021, la familia del menor denunció que su hijo, de nueve años, estaba siendo maltratado por el personal de la Fundación Hogar Monserrate, ubicada en Chocontá, Cundinamarca. Todo esto, después de que, por las fiestas de fin de año, el niño regresó a su casa con su familia y manifestara sentirse mal.
Cuando uno de los tíos revisó al menor, encontró que este tenía su parte íntima inflamada. Por lo que lo llevaron directamente al Hospital de Engativá, y posteriormente al Hospital San José Infantil, en donde encontraron que se trataría de una posible tortura y que el niño llevaba por lo menos 10 días sin poder orinar a causa de que le habían amarrado el miembro con cabello de mujer e hilo de color azul.
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Todo parece indicar que el niño se orinaba en la cama, por tal motivo, presuntamente, los cuidadores en la fundación le habrían amarrado sus partes íntimas impidiendo que hiciera sus necesidades, lo que desencadenó una avanzada infección en la vejiga.
Después de ocho meses, la Fiscalía General de la Nación se pronunció frente al caso, y compartió con El Espectador que, a la señalada, quien es una religiosa de la Fundación Monserrate y fue identificada como Gloria Catalina Cañón,se le imputó el delito de tortura agravada.
Según la Fiscalía, al parecer, la monja maltrató al menor en sus partes íntimas “para evitar que se mojara en la cama, hechos ocurridos del 1 al 7 de diciembre de 2021. La audiencia preparatoria de juicio está programada para el próximo 5 de septiembre”.
Asimismo, señalaron que también se llamaron a declarar a los familiares del niño y al menor.
Esto se sabe del caso
De acuerdo con la información que brindó la madre del menor en diciembre del 2021, por decisión familiar se internó al niño en la fundación ubicada en la vereda Tilatá, ya que al parecer presentaba problemas en su comportamiento y a nivel educativo.
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Es importante aclarar que se trata de un lugar que cuenta con presencia de religiosos, en donde se anuncian a sí mismos como un centro de ayuda, que le apunta también a fortalecer los valores.
El 5 de julio del 2021 ingresó por primera vez, debido a que recibieron buenas referencias de diferentes personas. “Él estuvo de acuerdo y como una decisión de familia confiamos en el tratamiento que allí se impartía”, contó Paola Morales Castillo, tía de la víctima a medios de comunicación.
Después de las denuncias, el 21 de diciembre del 2021, la Procuraduría tomó las primeras acciones en el caso.
La entidad inició un proceso de vigilancia y control sobre el edificio en donde sucedieron los hechos, asimismo, se designó a un procurador judicial de familia para que “se realice la verificación de los derechos no solo del niño K.J.T.V., sino la de todos los menores de edad que se hallan ubicados en la misma”.
También para vigilar las decisiones que tomó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que según el Ministerio Público venía adelantando un proceso de restablecimientos de derechos.
Ahora, la familia queda a la espera de la decisión que se tome el próximo 5 de septiembre.
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