Eso plantearon la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez. Los dos altos funcionarios exigieron al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat que adopte de inmediato acciones para la recuperación de los 619,5 metros del espacio público de la ciudad que ocupa la edificación.

Vásquez Camacho y Carrillo Flórez, citados en un comunicado del Ministerio Público, también reclamaron al mandatario cartagenero que se evite una tragedia ante las deficiencias de rigidez y resistencia de la estructura.

El requerimiento lo hicieron con base en el estudio técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) que concluyó que “a la estructura le hace falta un 30 % de rigidez global y más de un 90 % de resistencia en una cantidad considerable de muros estructurales para cumplir con los requerimientos del reglamento NSR 10 (Norma Sismorresistente)”.

La ministra de Cultura, según el mismo despacho oficial, dijo que el informe “suministra los elementos técnicos necesarios para que las autoridades distritales ejecuten las órdenes impartidas en el proceso policivo sancionatorio y procedan a demoler el edificio Aquarela”.

El procurador, por su parte, advirtió que con el informe de la SCI termina “la incertidumbre y por las determinaciones técnicas que se han dado alrededor del edificio Aquarela, ya hay que tomar decisiones de policía y administrativas que pongan fin a lo que ha sido lamentablemente una pesadilla y puede convertirse en una tragedia para la ciudad de Cartagena”.

En el informe solicitado por las dos entidades, la SCI también advirtió que la torre no estaría en capacidad de resistir los cambios de diseño requeridos para que el constructor del proyecto restituya el espacio público, lo que representaría un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

El mismo documento señaló, según el comunicado de la Procuraduría, que la mayoría de los muros no cumplen con la cuantía mínima de carga requerida por la NSR, así como “la cantidad de pilotes indicada en la planta de cimentación no es suficiente para soportar la solicitación de carga gravitacional de la estructura, considerando la capacidad admisible de pilotes indicada en el estudio de suelos”.

En otro de sus apartes, el boletín oficial señala que para la Procuraduría y el ministerio de Cultura, con el estudio de la CSI, la alcaldía puede cumplir con la recuperación del espacio público ocupado por la obra, tal como lo ordenó la Inspección Segunda de Policía en fallo del 9 de octubre de 2018, confirmado por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de la ciudad.