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La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la sanción con destitución e inhabilidad por 20 años para un dragoneante del Inpec por aprovecharse de su cargo para sostener relaciones con una mujer que está privada de la libertad.
Se trata del general Jorge Alexander Muñoz Baquero, quien al parecer abusó en diferentes ocasiones de una mujer que se encontraba en “estado de indefensión”, señaló la entidad.
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Por utilizar su cargo para sostener relaciones sexuales con una persona privada de la libertad, la @PGN_COL destituyó e inhabilitó a un dragoneante en Risaralda. La mujer contaba con historial clínico y mental que era de conocimiento por el funcionario.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 6, 2024
Según la Procuraduría, el señalado, funcionario del Inpec en el departamento de Risaralda, “hizo prevalecer su deseo sobre la responsabilidad que le asistía como servidor público”.
De esta manera, Muñoz Baquero recibió la fuerte sanción, por lo que ya no podrá volver a trabajar en la Reclusión de Mujeres la Badea, del municipio de Dosquebradas, Risaralda. O en su defecto, ningún otro centro penitenciario.
La decisión fue tomada por la Regional de Juzgamiento de Risaralda, quien confirmó que se trataba de una persona con un historial clínico y mental del que conocía y que se encontraba en estado vulnerable.
El ente de control también resaltó que dentro de la investigación encontraron que el dragoneante, “se aprovechó de la frustración y aparente depresión de la mujer para engañarla” y accedió a ella con la excusa de que la iba a cambiar de lugar de reclusión si tenían relaciones.
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Además, cometió los actos sexuales mientras se encontraba en horario laboral, violando así las directrices del personal de custodia y vigilancia.




Por su parte, el Ministerio Público, llegó a la conclusión de que estos actos realizados en el 2019 mostraron el desconocimiento de los principios de la función publica por parte de Muñoz Baquero.
Asimismo, “infringió las disposiciones legales emanadas de su cargo”, por lo que sus actos, según la Procuraduría, fueron calificados de manera definitiva como falta disciplinaria como gravísima cometida a título de dolo.
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