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Durante el 2024, los docentes del departamento de Risaralda han salido a las calles en al menos cuatro ocasiones para expresar su inconformidad frente al nuevo modelo de salud implementado para el magisterio, cuya entrada en vigor se produjo en mayo. Este sistema, según reportes de los mismos maestros y de dirigentes sindicales, ha presentado notorias deficiencias en comparación con el anterior: se reportan demoras en la asignación de citas médicas, escasez de medicamentos y un marcado déficit de personal en los centros de atención. Estas falencias han incrementado la tensión y dieron pie a una nueva movilización este jueves 30 de octubre en Pereira, la capital del departamento.
La marcha, coordinada por el Sindicato de Educadores de Risaralda (SER) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), inició en Makro Dosquebradas y tuvo un recorrido que incluyó una parada en la Alcaldía de Pereira, para finalizar frente a la sede de la Fiduprevisora en la calle 14 con carrera 21. Esta manifestación obligó al cierre temporal de importantes vías: la avenida Simón Bolívar en sentido a Pereira, el viaducto César Gaviria Trujillo, la carrera séptima entre calles 11 y 19, la carrera octava entre calles 19 y 14, y finalmente la calle 14 entre carrera 8 y carrera 21, donde los docentes organizaron un plantón pacífico.
Además de las demandas relacionadas con el acceso a servicios de salud, la movilización visibilizó otros reclamos sociales y políticos. Según James Rodríguez Ossa, secretario de prensa del SER, uno de los puntos centrales es la solicitud de que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) adopten el manual tarifario vigente, con el fin de garantizar una atención médica oportuna y en condiciones dignas tanto para los docentes como para sus familias. Rodríguez Ossa resaltó la importancia de respetar la Ley 91 de 1989 y de cumplir los acuerdos establecidos con la Fiduprevisora, entidad administradora de los recursos del sistema de salud del magisterio.
Pese a que el proceso de contratación con las IPS ha avanzado en Risaralda, no todas las clínicas y hospitales han suscrito los contratos bajo el manual tarifario, lo que ralentiza la consolidación del nuevo modelo de atención. James Rodríguez Ossa manifestó su esperanza de que todos los acuerdos estén firmados para el primero de noviembre, mejorando la prestación de los servicios que hoy presentan deficiencias.
Los educadores también dirigieron exigencias al Congreso de la República, demandando la aprobación de la Ley Orgánica que reglamenta el Sistema General de Participaciones (SGP), mecanismo clave para la financiación de sectores como educación y salud. Lina Montilla, representante nacional de la CUT, destacó que la marcha también tuvo como fin rechazar la injerencia política de Estados Unidos en asuntos internos de Colombia, subrayando la importancia de la autonomía nacional. Según los testimonios recogidos durante el paro, la movilización afectó significativamente la movilidad en Pereira y Dosquebradas, generando extensas filas de vehículos y exigiendo paciencia por parte de la ciudadanía.
¿Qué es la Ley 91 de 1989 y por qué resulta clave para los docentes?
La Ley 91 de 1989, mencionada por los representantes sindicales, es una herramienta jurídica fundamental que regula los derechos, deberes y garantías de los maestros en Colombia, especialmente en materia de seguridad social y pensiones. Además, establece la conformación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y las obligaciones del Estado frente al bienestar de los educadores.
Su cumplimiento, así como la aplicación del manual tarifario para la contratación con las IPS, es central para que los docentes accedan a servicios de salud eficaces y adecuados. De allí la insistencia de los profesores y las organizaciones sindicales en el respeto y cumplimiento de todas las disposiciones que protegen sus derechos laborales y sociales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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