Sin embargo no es la única estrategia que utilizaban los criminales detrás de estos actos, pues también se buscaba tener información personal de los magistrados para chantajearlos, reveló el jefe del ente acusador, citado por Caracol Radio:
“Concluyen los analistas que esto es con propósitos extorsivos e inclusive, respecto de uno de esos magistrados, con quien me comuniqué y le di detalles específicos de los hechos, se habla del propósito de llegar al fondo de hacerle hechicería”.
Por su parte, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, dijo a periodistas que la organización ilegal detrás de estas chuzadas también quería desacreditar a los magistrados y para eso buscaban obtener datos sobre las personas con las que hablaban o se reunían:
“Al parecer, están tratando de conocer datos personales nuestros para efectos de incidir en la toma de decisiones en los procesos de tutela que están siendo objeto de conocimiento de la Corte”.
Según las primeras hipótesis, todo estaría relacionado con una tutela de uno de los casos del Cartel de la Toga. Aunque en un primer análisis, el alto tribunal no ha encontrado una acción de este tipo que esté a la espera de ser fallada:
“Hicimos un barrido. Luis Gustavo Moreno presentó una acción de tutela en el año 2016 contra la Superintendencia de Vigilancia Privada y al parecer no tiene que ver con estos datos. […] Con relación al doctor José Leonidas Bustos tiene tres acciones de tutela que se presentaron entre el año 2015 y el año 2018. Esas tutelas no fueron seleccionadas ni tampoco insistidas por los magistrados”.
Es decir, que para este momento, no se tiene claro qué originó las interceptaciones pero la Fiscalía ya tendría identificados a algunos de los delincuentes detrás de estas. Sin embargo, ya se delegó a Fabio Espitia como fiscal especial para el caso y que se reunirá el próximo lunes con los magistrados.
Sobre eso, la magistrada Ortiz señaló que esperarán las instrucciones de este investigador pues seguramente los celulares de ella y sus colegas “se someterán a su vigilancia y a la revisión de si en efectos son todos o algunos” los que están siendo intervenidos.
Cabe recordar que en la carta del fiscal general en la que confirmó estos hechos delictivos ordenó que a la investigación “se sumen los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año”, que darían cuenta de la existencia de esta organización criminal interesada en acceder a las comunicaciones privadas de la Corte Constitucional.
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