El director asociado de HRW para las américas, Juan Pappier, mostró el listado de víctimas, en el que se destaca Nariño como el departamento más convulso por mucho, con 8 asesinatos.

Putumayo, en segundo lugar, solo tiene la mitad de esos casos (con 4), y los otros 23 están distribuidos en los demás departamentos.

En octubre pasado, la Defensoría del Pueblo anunció que los asesinatos de líderes sociales ya eran mayores que los del 2021 hasta octubre pasado. Entre enero y septiembre, el organismo estatal registró 157 homicidios de activistas, más que los 109 casos contabilizados en el mismo periodo de 2021.

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“Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos, ellos cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de las comunidades y fortalecer la democracia en las regiones”, pidió el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

Los departamentos con mayor número de casos en ese cálculo son Nariño (23 casos), Cauca (19) y Putumayo (16), regiones en las que grupos armados se disputan el control de los narcocultivos.

Colombia es uno de los países más peligrosos para los activistas, según oenegés como la internacional Global Witness, que en su informe de 2021 lo señala como el segundo más letal para los ambientalistas (33 muertos).

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