El homicidio del sindicalista y profesor universitario Gustavo De Silvestri Saade fue declarado por la Fiscalía como un crimen de guerra y de lesa humanidad, por lo cual el Estado se comprometió a investigarlo a perpetuidad.
Justo este mes, se cumplieron 20 años desde que De Silvestri Saade fue baleado por sicarios en Barranquilla, donde dirigía el sindicato de Coolechera y dictaba clases en la Universidad Libre.
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La Fiscalía determinó que el crimen contra De Silvestri está en el marco de la percusión del Bloque Norte de las Autodefensas, comandado por Salvatore Mancuso, contra dirigentes de izquierda con capacidad de movilizar ciudadanos. Una hipótesis que sonó por años, pero que recién en los últimos meses podría comprobarse con la declaración juramentada de exparamilitares, que entregaron nombres y detalles al ente investigador.
“Los hallazgos de esta delegada (fiscal) permiten constatar que los hechos criminales objeto de investigación forman parte de un ataque masivo y frecuente contra los militantes y dirigentes de sindicalistas, que según los miembros de las Auc son parte de la guerrilla del Eln o de las Farc”, señaló el ente investigador.
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Las pruebas que tiene la Fiscalía para tomar la decisión
Para sustentar su posición, la Fiscalía mencionó los expedientes de al menos tres sindicalistas que murieron, en la primera década de los 2.000, en circunstancias similares que De Silvestri. Uno de ellos, Hermes Daniel Mercado, cuyo crimen fue aceptado por Mancuso por línea de mando y como comandante general del Bloque Norte.
La Fiscalía también citó el informe ‘Basta Ya’ del Centro Nacional de Memoria Histórica, que reporta hasta 1.287 asesinatos contra funcionarios y autoridades políticas. “Entre los militantes políticos asesinados, cinco de cada diez participaban en partidos o movimientos de izquierda”, señala el informe del Centro de Memoria, con respectivo a la arremetida paramilitar por callar movimientos distintos a su proyecto político.
Asimismo, la Fiscalía cuenta con el testimonio de al menos tres exparamilitares que vinculan el homicidio con las peticiones de Darío Alberto Laino Scoppetta. Este último es señalado por exmiembros del Bloque Norte como jefe de finanzas de las autodefensas de la región y está condenado por el asesinato, en 2001, de un empleado de la Alcaldía de Barranquilla y tesorero del sindicato de Servidores Públicos, Manuel Santiago Pájaro.
“Se allegaron diferentes declaraciones dentro de las que está la del señor Juan Segura, alias Mario o El Alacrán, exintegrante de las Auc, declaración jurada virtual de fecha 9 de septiembre del año que avanza. Allí, el señor Segura hace señalamientos en contra de tres personas como las que solicitaron la muerte del profesor De Silvestri, dentro de las que están Darío Alberto Laino Scoppetta, José Manuel Orozco Ovalle y Carlos Tomar Severinne”, tiene entre sus pistas el ente investigador.
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