La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se conoció en la tarde de este viernes, beneficia al general de la reserva activa Jesús Armando Arias Cabrales, sentenciado por la Corte Suprema de Justicia a 35 años, con la “libertad transitoria, condicionada y anticipada”.
Desde el 10 de octubre de 2008 el oficial permanece en la Escuela de Infantería tras ser condenado como coautor del delito de desaparición forzada de varias víctimas durante la operación militar que se desarrolló bajo su mando, cuando era comandante de la Brigada XIII del Ejército.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas admitió su sometimiento porque, en su concepto, el caso del general cumple con la competencia de la JEP:
“Se trata de un miembro de la fuerza pública, los hechos ocurrieron antes del primero de diciembre de 2016 y tienen relación directa con el conflicto armado interno, presente para el año de 1985”.
La orden de libertad de Arias Cabrales también cumple con los requisitos legales por otras tres razones:
– El proceso entra dentro del tratamiento penal diferenciado para agentes del Estado miembros de la fuerza pública.
– El sometimiento no resuelve de manera definitiva la situación jurídica del general, dado que ese beneficio en la JEP tiene un carácter provisional.
– Haber estado más de cinco años detenido.
Si el general quiere conservar ese beneficio, deberá indicar:
“Cuál fue la suerte que corrieron las víctimas momentos previos a su desaparición, suministrar información concreta y específica que lleve a establecer la localización y el paradero de los cuerpos de las víctimas por las cuales fue condenado y de las demás personas desaparecidas de manera forzada”.
Si no cumple esas obligaciones ni presenta “la propuesta de régimen de condicionalidad”, la libertad le será revocada.
Entre los compromisos naturales que tiene el general al entrar en la JEP es adquirir una agenda “clara, concreta y programada de contribuciones” en las que contará la verdad para dar garantías de reparación inmaterial y no repetición.
Otra decisión importante que tomó el tribunal en esta ocasión fue unificar los casos de agentes del Estado juzgados por los hechos del Palacio en un mismo proceso para “propender por la búsqueda de verdad, develar posibles patrones criminales y evitar decisiones contradictorias”.
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