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La reciente designación de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico desencadenó una oleada de cuestionamientos y protestas en la comunidad universitaria. Ante la creciente controversia, la institución publicó un comunicado en el que buscó establecer claridad al detallar el proceso seguido para seleccionar a su máxima autoridad académica. En este documento, la universidad enfatizó que el objetivo es precisar y documentar las etapas de la elección, especialmente frente a rumores o versiones erróneas que circulaban. En ese marco, confirmó que Leyton Barrios, quien ocupaba el cargo de secretario de Educación, cumplió con los procedimientos formales y fue escogido como nuevo rector.
La Universidad del Atlántico, mediante su comunicado, detalló que los requisitos para aspirar al cargo de rector están establecidos en el artículo 29 del Estatuto General del Consejo Superior Universitario (CSU), que es el máximo órgano decisorio de las instituciones públicas de educación superior. Estos requisitos incluyen ser ciudadano colombiano; poseer un título universitario y acreditar un posgrado a nivel de maestría o doctorado; demostrar al menos cuatro años de experiencia en docencia, investigación, administración o dirección en instituciones de educación superior; no contar con antecedentes penales, salvo por delitos políticos o culposos; y no estar inhabilitado, impedido o en conflicto de intereses.
Para asegurar que los candidatos cumplían con estos parámetros, la universidad conformó un Comité de Credenciales que se encargó de la revisión documental de las hojas de vida. La institución hizo hincapié en que este comité no valoró méritos profesionales más allá de lo exigido para la postulación, y su revisión concluyó el 30 de agosto. Además, la universidad subrayó que todo el proceso se encuentra disponible para consulta pública en su sitio web institucional, reforzando la transparencia de la designación.
Tras la designación, el nuevo rector sostuvo reuniones con los decanos y ha abierto mesas de diálogo, incluyendo representantes estudiantiles, en busca de reconstruir los canales de comunicación internos. Sin embargo, la reacción de la comunidad académica fue adversa: ocho de las diez facultades se declararon en paro indefinido, mostrando el profundo descontento en la mayor universidad pública del Caribe colombiano.
La disputa por la rectoría no solo responde a motivos educativos, sino que también refleja los intereses detrás del presupuesto operativo de la universidad, que para el periodo 2025 maneja aproximadamente COP $445.000 millones. Este contexto explica por qué el cargo resulta tan disputado por clanes políticos tradicionales de la región, como los Name, Gerlein y Char. Además, una de las polémicas centrales fue la reciente modificación del artículo 29 del CSU, permitiendo la reelección del rector por una sola vez, medida que habilitó la candidatura de Danilo Hernández, previamente cercano a la familia Char.
La consulta a la comunidad universitaria evidenció fracturas al interior de los apoyos políticos: Hernández obtuvo la mayoría de votos, impulsado por Arturo Char, mientras que Fuad Char respaldó a Barrios, quien terminó en tercer lugar en la consulta. Otros aspirantes representaron tanto posturas afines al actual gobierno como a otros sectores académicos. Todo esto demuestra que la elección de rector en la Universidad del Atlántico trasciende lo institucional y adquiere una dimensión política clave, que ahora enfrenta a la administración con demandas y expectativas cruciales de su vasta comunidad.
¿Qué implica que ocho de diez facultades hayan declarado paro indefinido tras la designación del rector?
Esta medida adoptada por la gran mayoría de las facultades de la Universidad del Atlántico evidencia el nivel de inconformidad y el impacto directo que ha tenido la elección de rector sobre la vida académica de la institución. El paro indefinido significa la paralización de actividades académicas y administrativas, deteniendo clases, investigaciones y proyectos, lo que afecta a miles de estudiantes y docentes, así como al funcionamiento cotidiano de la universidad.
El hecho adquiere especial relevancia considerando el peso político e institucional de la Universidad del Atlántico dentro del sistema de educación superior del Caribe colombiano. Ante esta situación, surge una presión considerable sobre la recién designada administración para restablecer el diálogo y responder a las motivaciones de los manifestantes, abriendo la puerta a una revisión crítica del proceso de nombramiento y las condiciones de gobernanza universitaria.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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