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El manejo legal y sanitario de los fallecimientos en Colombia responde a una normativa específica que distingue entre causas de muerte naturales y violentas, lo que define claramente quiénes son los responsables del proceso y los pasos a seguir para las familias. Según Luis Fernando López, director del grupo de Búsqueda y Rescate (BYR) de Manizales, cuando una persona fallece por causas naturales, el certificado de defunción debe ser expedido por el médico tratante. Si no existe un médico asignado, la Entidad Promotora de Salud (EPS) correspondiente debe enviar un profesional para certificar el deceso. En lugares donde esto no es posible, como zonas rurales o durante eventos extraordinarios como la pandemia, la familia puede acudir a la Secretaría de Salud local, quien se encarga de activar el mecanismo necesario para asegurar la trazabilidad y legalidad del fallecimiento, facilitando así los trámites legales y administrativos (fuente: artículo original).
En casos de muerte violenta, es decir, cuando el fallecimiento resulta de acciones externas como accidentes o causas no naturales, la Policía Nacional y el cuerpo de Policía Judicial (Sijín o CTI) tienen la misión de intervenir. Estos organismos levantan el cuerpo y realizan la inspección minuciosa para identificar las causas del deceso, lo que resulta fundamental para evitar irregularidades o posibles encubrimientos. La adecuada clasificación de la causa de muerte en situaciones ambiguas, como puede ser la caída de un adulto mayor, queda bajo la responsabilidad de las autoridades judiciales, quienes delimitan la naturaleza legal de cada caso (fuente: artículo original).
Cuando una persona fallece durante el traslado en ambulancia, el protocolo es claro: el personal de atención prehospitalaria no tiene la competencia legal para certificar la muerte y debe continuar el traslado hasta el hospital, donde un médico formalizará el proceso. Además, existen funerarias autorizadas que pueden trasladar los cuerpos a centros médicos para la expedición del certificado de defunción en situaciones evidentes, cumpliendo requisitos legales y de bioseguridad según los parámetros establecidos por la regulación de salud pública (fuente: artículo original).
El Decreto 780 de 2016, junto con otras normativas de salud pública, define las funciones y responsabilidades de cada institución involucrada en estos procedimientos. Así, las EPS, las instituciones de salud, las funerarias y las autoridades judiciales actúan coordinadamente para resguardar la salud pública y respetar el debido proceso. La Secretaría de Salud local también juega un papel clave al otorgar licencias de funerales y cremaciones, mientras que en muertes violentas cada paso recae sobre el CTI y Medicina Legal (fuente: artículo original).
Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldan este enfoque, recomendando lineamientos para el manejo seguro de cadáveres que priorizan la bioseguridad y la documentación precisa de las causas de muerte. La práctica colombiana refleja estas recomendaciones, procurando transparencia y rigor en cada etapa del proceso (fuente: OMS, 2020).
Especialistas en derecho forense han resaltado la importancia de una certificación oportuna y adecuada para prevenir controversias legales o acusaciones de mala praxis. El informe anual 2023 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses destaca que un manejo correcto de estos procesos contribuye a reducir el impacto emocional y la incertidumbre entre los familiares, favoreciendo la resolución y el cierre en situaciones complicadas.
Durante la pandemia, se acentuaron las brechas en el acceso a servicios de certificación de defunciones en áreas remotas. Esto obligó a fortalecer las redes y protocolos para evitar que muertes quedaran sin registro, un aspecto que sigue siendo parte de la agenda de mejora del Ministerio de Salud y Protección Social. A su vez, investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia ponen de manifiesto la importancia del acompañamiento y asesoría a las familias en duelo, para que tengan claro sus derechos y los pasos formales, evitando dificultades legales posteriores.
En suma, la estructura y rigor de los protocolos en Colombia buscan salvaguardar la dignidad humana, proteger la salud pública y garantizar justicia, evidenciando la relevancia de procedimientos profesionales y transparentes para la sociedad en su conjunto.
¿Qué función cumplen la Sijín y el CTI en el proceso de levantamiento de cuerpos?
La Sijín (Seccional de Investigación Criminal de la Policía) y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) son los organismos judiciales que asumen el levantamiento de cuerpos en casos de muerte violenta en Colombia. Su papel resulta crucial, ya que no solamente se encargan de retirar el cuerpo del lugar de los hechos, sino que también efectúan la inspección técnica para esclarecer las causas del fallecimiento. Esto garantiza la transparencia y evita que se presenten situaciones irregulares o encubrimientos en el proceso.
La adecuada intervención de estos entes también es importante para definir aspectos legales y judiciales relacionados con el fallecimiento, como la posible responsabilidad penal o administrativa en el caso de muertes dudosas o con implicaciones legales. Así, su trabajo no solo protege la cadena de custodia de la evidencia sino que brinda garantías a las familias y al sistema judicial.
¿Cuáles son las implicaciones legales de no certificar correctamente una defunción?
No certificar una defunción conforme a la normatividad vigente puede acarrear diversas consecuencias legales y administrativas en Colombia. Por un lado, impide que las familias realicen los trámites necesarios para reclamaciones hereditarias, acceso a servicios funerarios y cobro de seguros o pensiones. Por otro, abre la puerta a controversias legales por mala praxis o encubrimiento de hechos delictivos si la causa de la muerte resulta ser violenta o sospechosa.
La regulación estricta y el seguimiento por parte de las autoridades buscan evitar estos escenarios, garantizando que cada deceso sea debidamente documentado y clasificado. De este modo, se protege el interés público, los derechos de los familiares y se previenen disputas jurídicas o problemas de salud pública derivados de muertes no registradas o mal documentadas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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