Mauricio Gareca llevaba poco más de 10 años en la guerrilla de las Farc cuando ocurrió. Corría la década de 1990 y el hecho no quedó registrado, pero entre las tropas del sur del país se sabía: el comandante Moncada se suicidó porque era homosexual.
“En esa guerra había un problema de manejo, de tolerancia, pluralidad y respeto por la orientación sexual diversa. Y si al interior los compañeros no ‘salían del closet’ porque se les expulsaba o se les discriminaba por ser de la comunidad LGBTI, no era distinto con la población civil: ahí causamos muchas afectaciones, incluso a algunos los hicimos desocupar sus regiones de origen por eso”, cuenta Gareca, quien durante los últimos años ha liderado algunas actividades con las que los exguerrilleros intentan sanar las heridas que causaron en las víctimas en el departamento de Putumayo, uno de los más afectados por el conflicto armado.
Una de las apuestas para lograrlo fue la Ruta por el Color y la Memoria. Se trata de una iniciativa que comenzó hace dos años y medio e involucró a la comunidad LGBTIQ de los municipios de Puerto Asís y Orito.
A inicios de agosto, la ruta fue certificada junto a otras 20 acciones desarrolladas en el departamento dentro de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) que los exFarc están realizando para dar pasos hacia la reconciliación y reducir las sanciones propias que les imponga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Para mí es muy significativo que los excombatientes estén haciendo este trabajo con la sociedad después de lo que vivimos en el conflicto. Es una forma de reparar el daño que nos causaron”, dice Horacio Giraldo Velazco, quien hace casi 30 años tuvo que desplazarse del territorio por amenazas de las Farc debido a su orientación sexual. Ahora es miembro de la asociación LGBTIQ Así Somos Diversidad Sin Fronteras, uno de los actores claves de la Ruta del Color y la Memoria.
TOAR, una apuesta para reparar y reducir sanciones
Entre los 21 TOAR certificados por la Secretaría Ejecutiva de la JEP este mes en Putumayo está la construcción -entre 2019 y 2021- de canchas de fútbol, una biblioteca, un parque infantil y una sastrería; el mantenimiento de una carretera y varios actos de reconciliación con militares, organizaciones de mujeres y madres.
Hasta el momento, los exFarc han presentado 179 solicitudes para que la JEP certifique TOAR que han venido desarrollando en todo el país de forma previa a las sanciones que la jurisdicción empezaría a imponer en los próximos meses.
Vale la pena recordar que, según el Acuerdo de Paz, si los comparecientes a la JEP revelan verdad plena y aceptan su responsabilidad en los crímenes imputados, no tendrán condenas en cárceles, sino penas alternativas de cinco a ocho años que contemplan la realización de estos estos trabajos, obras y actividades con contenido reparador. De las 179 solicitudes de TOAR anticipados radicadas, más de 50 ya fueron certificadas, y casi una de cada tres de estas se implementaron en Putumayo.
“Que el número de TOAR desarrollados en el departamento sea tan representativo da cuenta de que hay un enfoque de continuidad en las actividades, que ha generado dinámicas veredales y territoriales de reparación y reconciliación. Se trata de apostar por acciones que permitan, además de eso, reconstruir el tejido social, y esto es más benéfico para las sociedades que seguir con el paradigma tradicional de la justicia intramural (con penas en cárcel), que tampoco fortalece la resocialización ni reincorporación”, explica Felipe León, coordinador del Equipo de TOAR y justicia restaurativa de los firmantes de paz.
Durante décadas, Putumayo fue un epicentro de la guerra. La presencia y control del Bloque Sur de las Farc y de los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Auc, entre otras estructuras armadas, dejó al menos 281.699 personas afectadas, según el Registro Único de Víctimas. Masacres como la de El Tigre (en la que fueron asesinadas 28 personas el 9 de enero de 1999), Puerto Asís (el 22 de marzo e 1998), o La Tagua (el 6 de marzo de 2003) sembraron el terror entre la población y dejaron una estela de violencia que derivó en el desplazamiento de más de 250.000 habitantes.
Con ese panorama, las actividades de reparación que se han adelantado, según el excomandante guerrillero Mauricio Gareca, han abierto la puerta a un relacionamiento más cercano entre los exFarc y las comunidades de las zonas donde adelantan su reincorporación.
Eso sí, aún hay varias dudas sobre cómo la JEP va a computar los TOAR anticipados aprobados con los descuentos en las sanciones propias que imponga. De hecho, el abogado Felipe León le dijo a Colombia+20 que una de las inquietudes que la defensa de los comparecientes, tanto de Fuerza Pública como excombatientes de Farc, le ha planteado a la jurisdicción, es cuál va a ser la fórmula para aplicar estas rebajas en los montos de las penas, tema sobre el cual aún no se ha pronunciado el tribunal transicional.
Camino a la reconciliación
“Esos escenarios uno no se los imaginaba en el conflicto. Hemos tenido la oportunidad de pedir perdón, reconocer nuestros errores y encontrarnos con las poblaciones que afectamos. Fue tenso al comienzo, claro, pero fuimos tomando confianza y ahora tenemos buena relación. Por ejemplo, con la comunidad LGBTI, los estamos apoyando en varias actividades y estamos haciendo acompañamiento y denunciando cualquier atropello contra ellos, porque todavía hay mucha discriminación arraigada en Putumayo”, dice Gareca.
El líder LGBTI Horacio Giraldo asegura que este acercamiento es un paso para perdonar: “Acá hubo muchas afectaciones con las que quedamos, como la desaparición de algunos compañeros por su orientación sexual, o de nuestros familiares, pero lo primordial es la vida y que no haya repetición del conflicto. En uno de esos murales estrechamos las manos como símbolo de perdón y reconciliación, y eso es lo que queremos que quede plasmado en estas comunidades que han sido tan golpeadas por la guerra”.
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