Esa entidad manifestó que la investigación se dará por la presunción de delitos como tráfico de influencias, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses.

De igual forma, la Procuraduría aclaró que Váquiro no podrá ser investigada por la entidad, ya que su condición de “no disciplinable” pertenecería a la justicia ordinaria.

“De manera preliminar, la condición de Váquiro no permitiría dar inicio a una actuación disciplinaria en su contra, por no ser sujeto disciplinable. Sin embargo, si en el transcurso de la investigación se evidencia que asumió funciones públicas, la entidad procederá con su vinculación formal”, destacó la entidad en un comunicado.

El pasado 12 de enero, Blu Radio reveló que Mayorquín habría mediado para darle a Váquiro 24 contratos por 1.245 millones de pesos, “22 por contratación directa y 2 por Contratación de Régimen Especial”.

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Estos comenzaron a ser firmados apenas tres meses después de que Mayorquín asumiera su cargo como asesor en la Consejería para Asuntos Políticos, pese a que antes de eso ella apenas certificaba una experiencia laboral de 20 meses en el Banco de Bogotá y 7 meses más en una empresa creada con su marido, según la emisora. (Vea también: “No se meta, que ella responda”: Camila Zuluaga, a pareja con ‘contraticos’ públicos).

Esa cadena radial también publicó el listado de contratos, en su mayoría firmados con el Gobierno Nacional, pero también con la Presidencia de la República, Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Registraduría y la presidencia del Senado.

Particularmente, sobre el objeto de esos contratos, ese medio señala que “las obligaciones e intereses laborales de la señora Váquiro orbitan alrededor del Congreso”, donde su esposo es “los ojos y los oídos de María Paula Correa (jefe de Gabinete de Iván Duque)”.

Este es el anuncio de la Procuraduría:

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