Se trata de la transcripción de varios audios en los que al parecer Juan Manuel Santos y Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), conversan sobre una solución “amigable” al escándalo de Odebrecht en Colombia.

Las comprometedoras conversaciones involucrarían al exmandatario y al exdirectivo con la comisión de tres presuntos delitos, al intentar favorecer a todos los socios del consorcio Ruta del Sol 2, empleando maniobras sancionadas penalmente, sugirió la columnista de Semana.  

¿Estas grabaciones hablan de tráfico de influencias, violación de la reserva y uso de información privilegiada?”, se cuestionó Dávila, luego de presentar el material que hace parte del acervo probatorio en contra del exmandatario.

Las revelaciones de Dávila en Semana recogen varias cosas, una de ellas es que el expresidente Juan Manuel Santos no quería que el sector bancario –encabezado por el Grupo Aval– fuera afectado por el escándalo de corrupción y que Odebrecht saliera del caso “a la mayor brevedad posible”.

Usted sabe cuáles son los principios: los intereses del Estado, los intereses del sector financiero que no podemos, no podemos hacer algo que ponga en peligro el sector financiero… Y todo lo que pueda hacer para acelerar el proyecto…”, habría dicho Santos a Andrade, mientras buscaban soluciones para anular el contrato  a través de un tribunal de arbitramento.

Para eso, el expresidente habría actuado para que Pablo Felipe Robledo, entonces superintendente Industria y Comercio, no decretara nada diferente a una nulidad y se ofreció a conversar con él para invitarlo a orientar la investigación contra Odebrecht.

En eso también habría actuado la Procuraduría en una maniobra que para Dávila se trató de un contubernio para favorecer principalmente al banquero Carlos Sarmiento Angulo, que interviene como contratista y prestamista de la Ruta del Sol 2.

La columnista de Semana resalta que el gobierno Santos promovió la ley 1882 de 2018 que blinda a los bancos de posibles pérdidas financieras en obras de infraestructura contratadas por el Estado.