La información que dio a conocer Noticias Caracol es que el plazo que puso la JEP es para que la compañía presente soportes y toda la documentación que confirme que los cuerpos que fueron exhumados, en zona de influencia del proyecto hidroeléctrico, estaban plenamente identificados y no figuraban como víctimas del conflicto armado.

El noticiero dice que en su respuesta, EPM dio a conocer que para el momento del procedimiento se respetaron todos los protocolos y requisitos para la exhumación de los cuerpos, y que así lo avaló la Fiscalía en 2017.

El informativo asegura que precisamente la Fiscalía, según la versión de la empresa, habría certificado que ninguno de esos cuerpos estaba relacionado con el conflicto armado, y que tampoco figuraban en investigaciones penales.

Pero la JEP, de acuerdo con El Colombiano, dio a conocer que aunque la empresa EPM remitió una primera documentación, hasta el momento “no ha entregado la información relativa a las actividades de búsqueda, prospección y exhumaciones realizadas, con ocasión del contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa Integral y EPM, específicamente, no ha remitido las bases de datos correspondientes”.

Fue por eso que el tribunal de paz decidió vincular en la investigación a la empresa Integral S.A., a la que, dice el medio local, también le pusieron el mismo plazo para que presente información relacionada con “todos y cada uno de los lugares formales e informales en que se presume se encuentran inhumadas las personas dadas por desaparecidas en ocasión del conflicto armado interno, ubicados en la jurisdicción geográfica del proyecto, especialmente aguas abajo”.