La resolución por la cual la JEP acepta el sometimiento del político del Partido de la U detalla que los delitos por los cuales fue admitido tienen que ver con la asociación con los paramilitares para conseguir los votos necesarios para convertirse en senador por el departamento de Córdoba.
Esto además de otras investigaciones de corrupción que cursan en la Corte Suprema de Justicia por las que se le señala de “encubrir la investigación por nexos con los paramilitares y buscar su impunidad”, señala la JEP.
Al ser admitido en esa justicia transicional el excongresista se comprometió aportar información de las estructuras paramilitares con las que tuvo relación para su elección como congresista, con otros agentes del Estado y con empresarios de su departamento. Asimismo, aportará información sobre el ‘cartel de la toga’.
La resolución de la JEP también aclara que Besaile seguirá preso y que, por ahora, no le concede el beneficio de libertad que había solicitado.
El excongresista fue arrestado en agosto de 2017 al descubrirse que pagó 2.000 millones de pesos para que no se conociera expediente que lo vinculaba con paramilitares. De esa investigación nació el ‘cartel de la toga’, en el que resultaron salpicados los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.
También formó parte de ese entramado de corrupción el entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio, Leonardo Pinilla, ambos extraditados y condenados en Estados Unidos por recibir sobornos del exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons.
El exgobernador Lyons huyó a Estados Unidos, donde decidió colaborar con la Justicia de ese país, lo que permitió la captura de Moreno.
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