Ese tribunal explicó que la Sección de Ausencia de Reconocimiento le había solicitado a EPM que entregara los documentos y demás soportes en los que se basó para tomar algunas decisiones.
Entre ellas, el traslado administrativo de cuerpos inhumados en los cementerios de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo. Así como de Hidroituango, donde “se advierte la existencia de sitios de enterramiento, legales e ilegales”.
Dichos lugares hacen parte de las 16 zonas en las que habría cuerpos de desaparecidos y víctimas del conflicto armado, y que fueron protegidas por medidas cautelares.
La empresa tenía plazo hasta el pasado 29 de julio para darle explicaciones a la JEP y nunca envió los documentos que justificaran sus faltas.
Por eso, la JEP considera que “EPM incumplió con diferentes órdenes judiciales que buscan proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada” y por eso abrió un “incidente de medidas correccionales” contra el gerente de la empresa, Álvaro Guillermo Rendón, o quien sea delegado en el cargo.
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