El concejal de oposición insistió en que el Municipio incurrió en varias faltas que deben ser investigadas. Desde la Alcaldía se dijo que son solo otras víctimas por la no realización del festival musical.
Pese a no contar con el apoyo de la mayorías del Concejo municipal, el cabildante Rubén Darío Correa, haciendo uso del Estatuto de Oposición, realizó la semana anterior el debate de control político con el que buscó determinar la responsabilidad del Municipio en la no realización del Jamming Festival previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo.
Según el Concejal, es necesario que los entes de control investiguen a los funcionarios por aparentes incumplimientos y faltas políticas, disciplinarias, fiscales y penales.
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Por un lado, el cabildante acotó que el alcalde Andrés Hurtado y la entonces secretaria de Cultura, Greis Cifuentes, violaron lo impuesto en un decreto municipal de enero de 2003, que para ese entonces negaba que se anunciara un evento sin que previamente tuviera los respectivos permisos.
Correa hace relación a un video publicitario que hizo el mandatario local y publicó en redes sociales invitando a los ibaguereños al Festival, así como a una rueda de prensa que presidió junto a la exsecretaria de Cultura; la gestora social, Leidy Galeano; los propietarios de Playa Hawai y Alejandro Casallas, creador del Jamming Festival y la empresa Buena Vibra Eventos, sin que antes, según denuncia, se hubiera incluso firmado el contrato de arrendamiento.
Es de resaltar que la resolución que permitía la realización del evento solo se autorizó el 16 de marzo, menos de una semana antes de la fecha pactada para el concierto.
“Lo que se vio allí fue a un Alcalde que presentó el espectáculo como un evento de ciudad. En varias de sus intervenciones allí parecía hablar más como un socio de este (…) se puede interpretar la decidida y desmedida promoción que los funcionarios de la Alcaldía realizaron desde el 23 de noviembre de 2021, como un acto de publicidad, al anunciar un mega evento con 94 artistas que no se presentaron, y que constituyeron al final un entrampamiento para 150 mil espectadores”, dijo el corporado.
En el mismo sentido, señaló que pese a lo exigido en el decreto que advierte que se debe allegar la documentación para el respectivo permiso para la realización del evento, este se hizo a cuentagotas entre febrero y marzo, además de que el empresario incumplió y no allegó los contratos con los artistas.
Presunto detrimento por Jamming Festival
Dentro de la exposición en el Concejo, Correa hizo mención a un supuesto detrimento al erario por alrededor de $2.200 millones, según dice, porque los empresarios debían pagar una contribución parafiscal por el espectáculo público que en esta oportunidad debía de ser equivalente al 10 % de la boletería.
Para el caso particular del Jamming, el concejal indicó que ese 10 % se pagaría solo por las boletas que superaran los $114.012; no obstante, aunque inicialmente se habló de un costo de $130.000 pesos por boleta en una resolución del 16 de marzo la misma se fijo en $110.000 pesos.
“Con la deliberada reducción en el valor de la boletería de manera ‘unilateral’ por parte del organizador del Jamming Festival 2022, el Municipio dejó de percibir el 10 % de contribución parafiscal, esto es una cifra superior a los $ 2.200 millones, destinados al sector artístico y cultural”, explicó.
“Con lo anterior, se observa un claro detrimento patrimonial del Municipio que incluso podría tipificarse como un peculado en favor de terceros, y que deberá investigar la Fiscalía General de la Nación”. aseveró el funcionario público.
Correa criticó una rueda de prensa que se hizo en diciembre del 2021, con la presencia del alcalde Hurtado y su Secretaria de Cultura, al lado de los organizadores del evento.
Municipio se defiende de señalamientos por Jamming Festival
Pese a lo expuesto por Correa, desde la Alcaldía de Ibagué se insistió en que el municipio es sólo otra víctima más por la no realización del evento y que por eso ellos mismos han expuesto la situación que ocurrió ante la Fiscalía General de la Nación.
“Esta es una investigación que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y donde las víctimas y la Administración municipal, como una más de ellas, tenemos que terminar siendo declaradas como tal, indemnizadas y reparadas. Tienen que haber responsabilidades penales, porque esta ciudad ha construido un nombre en el mundo”, sostuvo el secretario de Gobierno, Óscar Berbeo.
Asimismo indicó que es claro que existió un delito de estafa por parte de los empresarios y que se utilizó a la ciudad y la Administración.
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Además, reseñó que los anuncios que se hicieron desde la Alcaldía para promocionar el Festival en su momento se vieron como una forma de promocionar la ciudad y generar una dinámica económica tras la pandemia.
“Le corresponde a un alcalde y una administración no desaprovechar un momento para impulsar nuestra cultura, valores y esencia para generar economía y más en medio de una crisis de salubridad pública universal”, reseñó.
En ese sentido, indicó que el espectáculo tenía una reglamentación particular y que cumplía una condición tributaria en el valor de la boletería basada en ley 1493 del 2011, misma que se expidió de forma posterior al decreto municipal al que hace alusión Correa del 2003.
Frente a la garantía de la realización del evento, con los contratos de los diferentes artistas, el secretario de Gobierno explicó que la empresa Buena Vibra Eventos manifestó que no se podían allegar los contratos por cláusulas de confidencialidad, por lo que se terminó entregando una certificación con los artistas que estaban previstos a presentarse autenticada ante una Notaría de Bogotá y firmada por el representante legal en donde se asegura que ya estaban los contratos.
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