En la acusación, que difundió Blu Radio, el congresista del partido de La U, su esposa y otras personas cercanas a él son señalados de manejar una “empresa criminal” que habría dado coimas por contratos que, además, en muchas ocasiones, eran supuestas fachadas para que los dinero fueran a un partido político que aún no se estrena en elecciones.

Además, en la denuncia, de acuerdo con la emisora, se habla de 14.009 contratos y convenios interadministrativos, firmados entre 2014 y 2019, con compañías como la Empresa Inmobiliaria de Servicios Logísticos de Cundinamarca, Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga (Telebucaramanga), Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) , canal Zoom y Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Edured).

Esos contratos, que se habrían hecho de manera directa y suman 1,2 billones de pesos, según el medio, también involucran a un representante a la Cámara, a un exgobernador de Cundinamarca y, por supuesto, a los representantes de las empresas.

Al respecto, el senador Barreras le dijo a Blu Radio que esa denuncia fue una forma de presionarlo para que no votara en contra de las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que terminaron hundiéndose.

“Ese pasquín se originó hace más de un mes y le recuerdo que coincidió con el día y hora del debate de las objeciones y que yo personalmente denuncié ese pasquín, que llegó a mis manos y se trataba de un mecanismo de presión como muchos, cómo la quitada de visas, las denuncias contra la comisión de paz, las amenazas de todas naturaleza que trataron de que no derrotáramos las objeciones”, manifestó.

Lo cierto es que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia ya analiza demanda para decidir si llama a indagatoria al senador (que por su condición de aforado será investigado por alto tribunal), mientras que la Fiscalía ya designó un fiscal anticorrupción frente al caso para indagar a los otros involucrados, señaló la emisora.