El alto tribunal informó este jueves que tomó la decisión porque a la renuncia que presentó Richard Aguilar se le suma que se le investiga por “hechos ajenos al fuero de congresista” y por eso perdió competencia en la investigación.

El proceso lo abrió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir, peculado, interés indebido y contratos sin requisitos legales.

La Corte Suprema lo señala de adjudicar convenios irregularmente y de presuntamente ordenar a funcionarios de la Gobernación de Santander de “favorecer y entregar dichos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él”.

Todo esto ocurrió cuando fue gobernador del departamento (2012-2015), cargo que también le da condición de aforado, y mientras se celebraban contratos para la Villa Olímpica de Bucaramanga, entre otros, y hay al menos 21 funcionarios de la entidad salpicados por “organizar” las millonarias licitaciones en una “oficina paralela”.

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Sin embargo, Aguilar no se librará del todo de los magistrados de la Sala, pues la Fiscalía será la encargada de evaluar el expediente, pero deberá decidir si acusa o no al exmandatario departamental ante la Corte Suprema.

Así se lo explicó el abogado penalista Miguel Ángel Pedraza a Vanguardia:

“Al renunciar se pierde el fuero porque el delito no tiene nada que ver con el cargo o las funciones de senador, […] pero el asunto pasa a un fiscal delegado que lo acusará ante la Corte Suprema. Sea lo que sea, el proceso siempre llegará la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia por su fuero como gobernador”.

Aguilar fue capturado el 27 de julio porque el alto tribunal consideró que en libertad podía interferir en el proceso.

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