La decisión la tomó el Juzgado Octavo de Control de Garantías de Ibagué, por solicitud de la Fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal que indicó sobre la posible continuidad de la accionar delictivo y el riesgo de obstrucción a la justicia que podría incurrir el togado al estar en libertad o en una detención medida de detención domiciliaria.
Recordó que la medida no privativa de la libertad es improcedente en este tipo de delitos como lo es la concusión. En cuanto a la domiciliaria agregó que las exigencias no se colmaban en cuanto a la solicitud por ser padre cabeza de familia, pues sus hijos, menores de edad, cuentan con su progenitora.
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La medida de aseguramiento fue apelada por la defensa del togado, asegurando que este miércoles en la mañana presentó la renuncia a la Rama Judicial, tema que, según las demás partes intervinientes, debe sustentarse y tiene un trámite de algunos días.
Y que uno de los dos hijos del Juez sufre una patología cardiaca y él es padre cabeza de familia, y proveedor, y una detención domiciliaria en Ibagué no era claro el domicilio donde pretendía permanecer. En este tópico, también señalaron las demás partes que está la mamá del niño y el procurador solicitó declarar desierto este recurso al referir que el abogado no lo sustentó y se limitó a indicar porqué no estaba de acuerdo.
Durante la diligencia judicial la delegada del ente acusador reveló que dos exempleados del Juzgado denunciaron a Fernando Morales Leal por pedirles dinero para que les permitiera continuar en sus puestos de trabajo.
La primera denunciante fue Aura Nataly Cárdenas Rodríguez, quien, entre abril de 2020 a junio de 2021, trabajó como secretaria del Juzgado. A la mujer, para permanecer en su cargo, primero le pidió $ 10 millones, pero luego ella debió cancelar mensualmente un millón de pesos al togado o a la esposa de este, Andrea del Pilar Ávila Parra, en el propio despacho judicial y en plena pandemia hizo un depósito, el cual quedó registrado por una empresa de giros.
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La mujer renunció luego de ser abordada en dos oportunidades por dos mujeres, una en una parada de bus y otra en el despacho; primero le preguntaron si era la secretaria del despacho y luego le dijeron que debía renunciar o su vida corría peligro.
Asimismo, tanto el togado como su esposa fueron a su vivienda y le dijeron que debía renunciar ‘por las buenas’. Esto sucedió cuando ya se había formulado la queja en el Consejo Seccional de la Judicatura por acoso laboral, las humillaciones que, según ella, recibió y se conformó un comité de convivencia laboral.
La mujer siguió laborando en el despacho, no obstante, sufrió un ambiente laboral adverso e incluso recibió medidas de protección, trabajo en casa para continuar con sus labores.
El segundo caso es de José Miguel Montealegre López, quien según la denuncia laboró entre marzo de 2021 y julio del mismo año, para lo cual pagó mensualmente en iguales condiciones 500 mil pesos al Juez.
La fiscal del caso solicitó la compulsa de copias para que investigue a Andrea del Pilar Ávila Parra, esposa de Fernando Morales Leal, porque según las denuncias recibidas, ella es la persona que está presente cuando el Juez hace las exigencias económicas e incluso ella recibe el dinero, y dispone como si estuviera a cargo del despacho judicial. Además, es a través del teléfono celular de ella con el cual se deben comunicar.
Asimismo, en el caso del juez Fernando Morales Leal, también por las denuncias, para que se investigue por el presunto cobro de títulos judiciales; asesoramientos judiciales ilegales por el cargo que ostenta.
Y, por último, por el fallo de acciones de tutela en temas pensionales y uno en particular por el que se falló en contra del Hospital San Antonio de Ambalema, en el cual se actuó, al parecer, con un interés ilegítimo por parte del Juez Promiscuo del municipio de ‘Las Mil y Una Columnas’.
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