La situación se presenta en Arauca y en el vecino estado venezolano de Apure, región fronteriza a merced de grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas que cometen todo tipo de abusos —como castigos a los habitantes que van desde multas o trabajos forzados, hasta la muerte— con total impunidad.

“Los guerrilleros son la policía: control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, asegura el documento, en el que se habla abusos en ambos lados de la frontera por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), una disidencia de las desmovilizadas Farc y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (Fpln.

Al respecto, el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, que presentará el estudio en Bogotá este miércoles, indicó: “Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos”.

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Con esos testimonios, la organización concluyó que los grupos armados ilegales imponen en ambos lados de la frontera una amplia gama de reglas y “las hacen cumplir brutalmente”. Las reglas incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, “prohibiciones de violación, robo y asesinato” y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.

Según el organismo, en algunas áreas “prohíben usar cascos de motocicleta para que los miembros del grupo armado puedan ver las caras de los viajeros y extorsionan rutinariamente dinero a prácticamente cualquier persona que realice actividades económicas”.

Vivanco subrayó en el informe que “los grupos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera y especialmente en Venezuela a veces están en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales”.

Según el estudio, aunque Colombia ha tratado de arrebatar el poder a los grupos armados, los abusos siguen impunes. Mientras en el vecino país, las guerrillas “parecen sentirse aún más libres para operar”.

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