Contra todos ellos existen “evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos”, señala este miércoles Human Rights Watch (HRW) en un informe. “Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis”.
La ONG recuerda que entre 2002 y 2008 (periodo durante el cual transcurrió el mandato de Álvaro Uribe Vélez), en casos que se conocieron como “falsos positivos”, miembros del Ejército cometieron ejecuciones sistemáticas de civiles inocentes para incrementar el número de bajas en el marco del conflicto armado.
“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, citado por un boletín de esa ONG. “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.
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Los generales nombrados recientemente, contra los cuales existen evidencias que los vinculan con graves abusos, son, además de Martínez Espinel:
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.
- Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.
- Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada.
“El general Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005”, agrega HRW.
HRW dice haber tenido acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de un millón de pesos a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares.
“En una de estas, los soldados reportaron que “d[ieron] de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59” de las Farc. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años”, continúa el informe de la ONG.
Pero la ONG sostiene que el gobierno de Juan Manuel Santos también nombró en puestos clave del Ejército a militares sobre quienes pesan evidencias creíbles que los vinculan con falsos positivos. El general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que está siendo investigado penalmente por casos de falsos positivos, fue el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia entre 2014 y 2017.
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