Hernández estuvo un tiempo detenido en su casa, pero luego lo pasaron al pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá. A él lo acusaban de secuestro, tortura, hurto y daño a bien ajeno, lo que hubiese podido darle alrededor de 50 años de cárcel. Mora, por su parte, sí permaneció en prisión domiciliaria.
Los dos acaban de ser declarados inocentes, pues la Fiscalía no presentó pruebas que los mostraran como responsables de esos delitos. Una jueza los absolvió esta semana y ambos hablaron con El País de España.
Al medio le aseguraron que ellos solo protestaban cuando conformaron la ‘primera línea‘ del colectivo de jóvenes ‘Soacha Resiste’. Según dijo Hernández, de 25 años, su intención al unirse a ese grupo fue “organizar y enseñar. La idea era tener claro por qué se salía a protestar, que no se trataba de pelear por pelear”.
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Relataron que las acusaciones que enfrentaron fueron por un “policía que decía haber sido secuestrado, torturado y golpeado por ellos”, pero que en realidad —dijo Hernández— era un uniformado “que se había infiltrado en la marcha y que, tras ser descubierto, fue retenido por la multitud”.
El momento en el que el policía fue rodeado por los manifestantes quedó registrado en un ‘live’ de Instagram que el mismo Hernández estaba haciendo. Ese video fue el indicio para capturarlos, pero al final les sirvió como argumento para defenderse.
Según su relato al diario, su captura fue con tal nivel de violencia que llegaron a su casa y hasta “encañonaron” a su sobrina de 7 años. Además, afirmó que se refirieron a él como un “objetivo” y por eso confesó que tuvo miedo de ser asesinado, especialmente al vivir en Soacha y recordar que un amigo suyo fue uno de los ‘falsos positivos’ de ese municipio.
Mora, también de 25 años, le dijo al medio que se unió a esas protestas para pelear ante la necesidad de trabajo, estudio y oportunidades y coincidió en que cuando lo capturaron “hasta al pug le apuntaban”, pese a que solo lo acompañaba su mamá y estaban desarmados.
Su explicación del proceso es que se volvió “objetivo militar” por el estigma que cargan los jóvenes de barrios populares y admite que también creía que lo “iban a desaparecer”.
En la misma línea va la defensa de su amigo:
“Ni siquiera usábamos capucha, no nos tapábamos la cara, no buscábamos una confrontación. A nosotros solo nos interesaba proteger la marcha y las actividades culturales que hacíamos”.
Dijeron también que antes de ser detenidos fueron intimidados con panfletos, amenazas de las ‘Águilas Negras’, mensajes a sus correos y seguimientos de vehículos.
Fiscalía no demostró delitos
El País afirma que la jueza del caso “no reconoció como pruebas lo que presentó la Fiscalía” contra estos jóvenes y dos más que quedaron libres esta semana.
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Además, contaron con el respaldo de la Procuraduría —que cuestionó el proceso— y de la Corporación Primera Línea Jurídica de Colombia, que los ayudó a “demostrar que los cuatro jóvenes capturados en operativos simultáneos no habían cometido los delitos que se les imputaba”.
En su diálogo insistieron en que quede claro que no salieron “ni por indulto ni por amnistía” del Gobierno, sino “porque los abogados lograron demostrar la inocencia y porque la jueza analizo bien el caso”.
Hoy por hoy creen que fueron “presos políticos” y que su caso puede servirles a muchos otros que están en la misma situación porque “se pudo demostrar que protestar en Colombia no es delito”. Mientras tanto, esperan que en la audiencia que resta la decisión de la jueza no sea apelada por la Fiscalía.
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