Escrito por:  Redacción Nación
Dic 12, 2023 - 9:10 am

Gran revuelo en Colombia se ha desatado con la captura de Harold Echeverry, el presunto asesino de la niña de 15 años Michel Dayana González, quien fue detenido en Villavicencio cuando intentaba escapar del país. Este hombre se enfrentaría a una pena grande, pues deberá responder por el delito de feminicidio agravado. 

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Precisamente, sobre el tema de su condena discutieron en la mañana de este martes 12 de diciembre en Blu Radio, emisora en la que plantearon un debate sobre la eficacia del sistema judicial colombiano en casos de abuso sexual y asesinatos de menores. 

Aurelio Suárez, panelista de la cadena radial, comparó a este hombre con el monstruo de niños, recientemente fallecido en Valledupar y señalado de violar y asesinar a más de 200 menores: “Estamos hablando de un potencial Luis Alfredo Garavito . ¿Cómo un criminal así andaba libre por las calles? Muy difícilmente este hombre cambie su conducta, así se someta a un proceso de resocialización”. 

Esa posición abrió el debate sobre los vacíos que tiene el sistema judicial colombiano en la etapa de juicios, con dilaciones y aplazamientos que permiten a los señalados evadir la responsabilidad, pues en el país se han visto muchos responsables que quedan libres por el vencimiento de términos, lo que para los panelistas en la emisora es algo considerado como “absurdo”. 

Aunque la no rebaja de pena se puso sobre la mesa, Luis Ernesto Gómez, columnista de la emisora, dio su opinión sobre este aspecto y planteó otra posición que alimentó el debate: “Es un llamado de atención. No creo que la cadena perpetua sea la solución, pero debemos identificar tempranamente a estos delincuentes y aislarlos de la sociedad”

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Los intervinientes en la discusión llegaron a la conclusión que debe haber intervención y monitoreo desde el primer indicio de conductas inapropiadas, evitando esperar a delitos más graves como el feminicidio. Además, para los periodistas se debe formalizar que los señalados por este tipo de conductas no puedan acceder a ciertos trabajos donde los menores están en serio riesgo.

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