La JEP mantiene su labor de investigación y exhumación en esa zona antioqueña “para contrastar en el terreno los aportes a la verdad que vienen realizando los miembros de la fuerza pública” en el marco del caso de los ‘falsos positivos’.

Se trata de 17 hallazgos, los más recientes hasta ahora, de “personas inhumadas de forma ilegal” que se hicieron entre el 8 y el 14 de noviembre en 6 fosas comunes.

“Según la información judicial recabada por la Jurisdicción, corresponderían a víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas“, afirma la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

El tribunal detalló que estos cuerpos estaban en bolsas negras, desnudos, con heridas de arma de fuego en la cabeza, totalmente fragmentados, unos inhumados con prendas militares y otros amarrados en las manos, pies y el cuello, en estado de total indefensión.

La investigación que hizo la JEP en esos días le dejó indicios sobre la existencia de “necropsias antes de las inhumaciones” y le llamó la atención porque, dice, no es una condición común “en personas enterradas de forma ilegal, como tampoco es usual la disposición de los cuerpos en los lugares en que fueron hallados, que no estuvieran en ataúdes, encontrados sin ropa, boca abajo, o dentro de bolsas negras”.

El tribunal de paz también detalló que, en este caso de ‘falsos positivos’, 14 miembros de la fuerza pública, de distintos rangos han rendido sus versiones por los hechos relacionados con el cementerio Las Mercedes.

“La mayoría de ellos jamás habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron confesaron la comisión de crímenes nunca antes judicializados“, puntualizó la JEP.

Este trabajo ha permitido la identificación y entrega de varios cuerpos a sus familiares. Uno de ellos fue el de Edison Lexánder Lezcano Hurtado, de 23 años, quien era padre de tres hijos y se desempeñaba como agricultor en zona rural del municipio cuando fue asesinado por integrantes del Ejército Nacional en 2002.

Lezcano Hurtado “es un típico caso de los denominados ‘falsos positivos‘”, dice la JEP, porque estaba en su vivienda cuando fue detenido por militares y, posteriormente, presentado como “muerto en combate” y no está acreditado como miembro de las FARC, ni se demostró que hubiere accionado arma alguna contra los uniformados.

A los familiares jamás se les entregó el cadáver ni se les indicó el sitio donde había sido inhumado, razón por la cual mantenía su condición de desaparecido.