Como si no fueran lo suficientemente complicados los problemas que debe resolver en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha tenido tiempo para criticar a los gobernantes de otros países de la región: a Dana Boluarte, del Perú; a Daniel Ortega, en Nicaragua, y ahora a Nayib Bukele, en El Salvador.

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A las discusiones que se avecinan sobre las reformas a la salud, pensional y laboral, sumadas al complicado diálogo con el Eln para conseguir su desmovilización, en el marco de la denominada “paz total”, se agrega la búsqueda del sometimiento de los integrantes de bandas criminales, una idea que ha encontrado la férrea oposición del fiscal general, Francisco Barbosa.

Mientras se consigue ese propósito superior de la paz, ordenado incluso por la Constitución Política, el orden público está alterado por la acciones violentas de esos mismos grupos armados con los que se pretende hablar.

Este miércoles nada más fue encontrado muerto Wílmer Antonio Giraldo Quiroz, alias ‘Siopas’, segundo cabecilla de la banda criminal ‘Clan del Golfo’, asesinado, al parecer, por sus compinches. Se trata de un hecho que, de todas maneras, resultaría violatorio de lo que acordó el Gobierno con esa organización narcotraficante, algo que no es posible establecer porque aún no se han dado a conocer los protocolos.

El debate sobre la reforma a la salud ha tomado tales dimensiones que tres ministros de su gabinete, junto con el director de Planeación Nacional, le enviaron una carta al mandatario haciéndole reparos al proyecto. Eso provocó la primera crisis ministerial del Gobierno en seis meses, y la consecuente salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, principal crítico de la iniciativa.

Colombia también enfrenta graves dificultades en el ámbito del transporte, no solo con la crisis provocada por un derrumbe que cortó de tajó la vía Panamericana en Rosas (Cauca), lo que tiene medio estrangulado el suroccidente del país, sino por el caos que desató la aerolínea Viva Air, que tiene afectados, como mínimo, a medio millón de personas.

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La inconformidad por el alto costo de vida, presionado, entre otras, por el incremento en el precio de la gasolina, y por la tendencia alcista del dólar (muy sensible a las declaraciones de Petro o de sus ministros), ha provocado diversas manifestaciones de protesta, incluso en sectores que siempre han sido afectos al mandatario, como el sindicado de educadores Fecode.

A todo lo anterior se suma el consecutivo registro de la caída de la imagen favorable de Petro. La más reciente encuesta de Invamer encontró que la aprobación del presidente cayó ocho puntos en febrero. Ese sondeo se publicó este primero de marzo e indica que solo el 40 % de los colombianos aprueban su gestión en relación con el 48 % que le daba el visto bueno al trabajo del mandatario para diciembre de 2022.

Hay, más bien, asuntos que atender en el país. Pero el presidente Petro ha tenido espacio para criticar a otros gobernantes, quizá buscando también tomar la delantera para hacerse con el liderazgo en la región, por el que también compiten los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Brasil, Luíz Inacio Lula da Silva.

Críticas de Petro a otros gobiernos de América Latina

Petro criticó al gobierno de Perú, en cabeza de la presidenta Dina Boluarte, por el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, preso por haber intentado dar un golpe de Estado al querer disolver el congreso de ese país. En eso, el mandatario colombiano le hace la segunda al de México, que reclama permanentemente la liberación de Castillo. Petro calificó a la policía peruana como “nazi”.

Perú, en un acto de soberanía, rompió relaciones con México. Y el Congreso peruano también declaró persona no grata a Petro. Así la Cancillería de Colombia asegurara que la decisión del Legislativo peruano no compromete la opinión del pueblo, es claro el rechazo de los representantes de ese pueblo al presidente de Colombia.

Pero el Gobierno de Petro también criticó la grave situación de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, cuyo régimen expulsó y les quitó la nacionalidad a 300 nicaragüenses, entre ellos, el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez.

Ahora, el presidente colombiano se fue lanza en ristre contra el gobierno de El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, informó sobre la drástica reducción de la criminalidad en su país como consecuencia de una feroz política basada en el encarcelamiento masivo de personas señalas de pertenecer a bandas delincuenciales en una megacárcel.

Para descalificar ese conglomerado penitenciario en El Salvador, Petro volvió a apelar a la narrativa relacionada con la Segunda Guerra Mundial (pero invocando los aspectos que más rechazo mundial provocan) como la lo había hecho con Perú. En este caso, dijo que es un “campo de concentración lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofrío”.

Se puede alegar el derecho a opinar, pero, como ya se lo han señalado diversos analistas, parece que al presidente Petro se le olvidó que ya no está en campaña, sino que es el mandatario de un país, y que, como tal, debería respetar las formas, mucho más las relacionadas con la política exterior.

La actitud del jefe de Estado lo hace notorio en la región, pero también evoca un trillado e ilustrativo pasaje bíblico que se asentó en la sabiduría popular, más que por su enorme valor religioso, por el innegable peso pragmático que lo orienta, y que hace referencia a la tendencia muy humana de mirar la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

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