Mediante los decretos 1434 y 2103 de 2022, expedidos por el Ministerio de Comercio, ajustó seis meses en calidad de encargado el superintendente de Industria y Comercio, Juan Camilo Durán Téllez, sumándose así a otras entidades que aún no tienen un “responsable” en propiedad, como el Inpec o la Imprenta Nacional.

La provisionalidad en la autoridad de protección de la competencia, los datos personales y la metrología legal genera inquietud dada la importancia de estos asuntos, en particular, para el sector empresarial.

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“Tener un superintendente en propiedad permite guiar a la entidad y consolidar equipos de trabajo. Ojalá vengan pronto las decisiones. O el Gobierno confirma a quien hoy está encargado o nombra un superintendente, ojalá experto, con carácter y con criterio, que sepa conservar la independencia frente al Gobierno y la política que es característica y el principal activo de esa institución”, anotó Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio.

Igualmente, comentó que actualmente hay mucha gente valiosa en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que hace su trabajo y debería permanecer ahí. “Sin embargo, es inaudito que aún no se haya nombrado a alguien en propiedad”, insistió.

Lo que dicta la norma

El Decreto 1817 de 2015 establece las directrices para nombrar y remover a los superintendentes de Industria y Comercio y de Sociedades”.

De acuerdo con ese texto le corresponde al presidente nombrar a esos funcionarios, previa invitación pública efectuada a través del portal de internet de la Presidencia de la República, dirigida a quienes cumplan con los requisitos y condiciones para ocupar esos cargos.

Además, el presidente podrá solicitar la opinión de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas, sobre el buen crédito de los aspirantes que estime necesarios, e incluso realizar entrevistas a algunos de los candidatos.

En otras palabras, lo que se pide es realizar un proceso amplio de selección que no se puede ejecutar de un día para otro, que asegure que la persona escogida acredite las calidades fijadas por la norma (ver Paréntesis).

Algunos medios como W Radio y Bloomberg Línea advierten que el gobierno de Gustavo Petro cambiaría las reglas de juego para elegir al nuevo SIC, derogando lo ordenado por el Decreto 1817 de 2015.

El argumento no se descarta si se toma en cuenta el anuncio del pasado jueves, cuando el mandatario mencionó que ajustado a la Constitución y las leyes reasumiría de manera temporal las funciones delegadas en las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios, como mecanismo para hacer bajar las tarifas.

Por el momento se espera que el mandatario expida las normas que suspenden las facultades de entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y que él quiere que queden bajo su liderazgo.

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Más provisionales

Pero Durán además de ser la cabeza de la SIC, bajo encargo, es responsable de la delegatura de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos.

También trabajan como encargados los delegados para la Protección del Consumidor, para la Protección de la Competencia y de Asuntos Jurisdiccionales.

Otro aspecto llamativo es que en los últimos cuatro meses la SIC ha expedido 28 resoluciones (17 entre octubre y diciembre de 2022 y 13 en enero de este año) en las que hace nombramientos provisionales para sus diversas dependencias.

Entre el personal vinculado a la superintendencia figuran profesionales universitarios, especializados, auxiliares y técnicos administrativos, con remuneraciones que oscilan entre $1,5 millones y $6,3 millones.

En algunas de estas resoluciones, firmadas por Durán, se aduce que la Comisión Nacional del Servicio Civil en una circular del 2019 eliminó el punto según el cual un encargo no podía superar los seis meses, lo cual estaría acogiendo el presidente Petro para mantener el encargo en la cabeza visible de la SIC, aún cuando ya haya superado ese tiempo en encargo.

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Compromisos existentes

Otro aspecto que causa inquietud por el extenso encargo de Durán al frente de la SIC es el hecho de que se estarían incumpliendo algunos compromisos adquiridos por Colombia para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), ente multilateral que siempre abogó por la independencia de este organismo y porque dispusiera del personal cualificado para que incrementara su eficacia.

Para Gustavo Valbuena, exsuperintendente de Industria y Comercio, incluso bajo la figura de interinidad Durán tiene la potestad de tomar decisiones en los temas que tiene a su cargo, aunque cuestiona que hay muchos nombramientos pendientes en esta entidad.

Según el exfuncionario resulta preocupante que dentro de cualquier política que se quiera articular con el Plan Nacional de Desarrollo no estén asuntos como la protección de la competencia y del consumidor, ni la promoción de la propiedad intelectual, y que no se haya podido definir un superintendente que cuente con un proyecto a cuatro años.

“Esto afecta a los empresarios, a los consumidores y a los funcionarios de una entidad tan bonita que todos los días le meten la ficha a su trabajo, pero con estas coyunturas sienten que la cabeza de su entidad no hace parte de las prioridades de un gobierno que arrancó hace seis meses”, añadió Valbuena.

Finalmente mencionó que si Durán cumple los requisitos de ley, la presidencia podría nombrarlo en propiedad.