La cita se cumplió el jueves 27 de octubre, a las 7 de la noche en el Club Metropolitan de Bogotá. La cena fue convocada por el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, y a ella asistieron el presidente Gustavo Petro, acompañado por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; y el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos fue con el general Óscar Naranjo y el exministro Guillermo Rivera. Como testigos y acompañantes estuvieron el embajador de Noruega, Nils Martin Gunneng; Dag Nagoda, su ministro consejero, y tres funcionarios más de la Misión, entre ellos, el jefe adjunto, Raúl Rosende.

La reunión fue muy cordial, según dijeron varios de los asistentes consultados por Colombia+20. Ninguno quiso ser citado, aunque coincidieron en que, después del postre, el punto en común era la necesidad de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón.

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La reunión inició con un mezcal y una breve introducción a cargo del mexicano Carlos Ruiz en la que explicó que el interés de la Misión de Verificación era buscar el diálogo entre el gobierno de Santos que hizo posible el Acuerdo Final y el gobierno actual que ha hecho una propuesta amplia y generosa. Resaltó que ese intercambio era conveniente y necesario.

Las personas consultadas resaltaron que no hay una tensión ni un hecho específico que haya motivado la reunión, pero es evidente que hay, por lo menos, unas discrepancias importantes entre los dos líderes políticos. El primer desencuentro se produjo después de la entrevista de Santos al diario El País de España, el 17 de septiembre. “El Gobierno necesita más organización, más gestión para implementar lo que ya está en el acuerdo y no dejar opacar el acuerdo con las FARC por lo que llaman la ‘paz total’. La gente quiere y necesita resultados pronto”, dijo.

Una semana antes de esa entrevista, el exalto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, lanzó las más fuertes críticas a la paz total de Petro, provenientes de un funcionario del gobierno Santos. En Noticias Caracol dijo estar preocupado por la falta de claridad en los acercamientos del nuevo gobierno con los grupos armados ilegales. “Lo que uno oye es que no han nombrado a nadie que se haga cargo de la implementación del acuerdo. La oficina está dedicada a hablar con organizaciones criminales”.

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Luego vendrían las declaraciones del exjefe del equipo negociador del Acuerdo Final, el senador Humberto de la Calle, quien se ha opuesto a que el gobierno Petro negocie con las disidencias de Iván Márquez. Hacerlo sería “enviar un mal mensaje al país porque ya tuvieron una oportunidad. El incumplido triunfa; premian al incumplido incluso en demérito de los que están cumpliendo del Partido Comunes, que son los excombatientes que siguen firmes en la paz y que son la mayoría”, resaltó.

Su crítica se mantuvo hasta último momento. La semana pasada, durante el trámite de prórroga de la Ley de Orden Público o ley 418, el senador dijo: “Yo propongo un artículo explícito en el que se diga que los desertores no pueden entrar en conversaciones con el gobierno salvo para el sometimiento a la justicia por orden judicial”. Su propuesta fue derrotada.

Lo cierto es que estas declaraciones provenientes de los principales artífices del Acuerdo Final fueron consideradas como “fuego amigo” e incluso incomprensibles, ya que se supone que todos están de acuerdo en sellar la paz para Colombia.

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En ese sentido, la intervención del presidente Petro, que se dio después del saludo de Ruiz Massieu, estuvo dirigida a ratificar que la implementación del Acuerdo Final era la base de su gobierno, concepto que fue reiterado por Danilo Rueda, quien además hizo una exposición en la que explicó la situación de seguridad en los territorios e hizo un balance de las acciones del gobierno en torno a la implementación del Acuerdo Final.

Rueda también hizo un repaso de cómo han avanzado los contactos con los diferentes grupos armados ilegales. Y explicó que la política del gobierno va por dos carriles diferentes: en uno de ellos avanza la negociación política con el Eln y, por el otro, el acogimiento o sometimiento de otros grupos criminales. Insistió que el cumplimiento de lo acordado en La Habana era la base para la negociación con otros grupos.

Luego, el presidente Santos tomó la palabra y manifestó que se sentía identificado con ese propósito. Sin embargo, dijo que a manera de contribución quería hacer algunas acotaciones. La primera se centró en lo que considera la debilidad de la institucionalidad para la paz. Explicó que durante el gobierno de Iván Duque se había desmantelado y descuidado esa infraestructura y que era prioritario volverla a armar y fortalecerla.

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Sus acompañantes pusieron énfasis en algunas instituciones que fueron relegadas o congeladas durante el gobierno anterior y que necesitan ser reactivadas. El general Naranjo, por ejemplo, manifestó su preocupación por la precaria situación de seguridad en los territorios y pidió más sincronización entre la paz y la seguridad. Se refirió al papel que cumplió la Unidad de Edificación para la Paz, Unipep en la generación de confianza tras la firma del Acuerdo y que valía la pena “revivirla”. También habló de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y del Cuerpo Élite de la Policía, creadas también por el Acuerdo. El alto comisionado para la paz Danilo Rueda le contestó a Naranjo que esas eran prioridades para el gobierno y que ya se estaban tomando medidas para reactivar estas tres instituciones.

Guillermo Rivera, por su parte, insistió en la implementación del punto 2 del Acuerdo y recordó el decreto que tramitó desde su oficina para garantizar la protesta social. También insistió en la necesidad de garantizar la participación de la sociedad en la reforma política.

Un punto en el que encontraron consenso fue en la urgencia de realizar la conferencia internacional sobre lucha contra las drogas, prevista en el punto 4 del Acuerdo Final. Allí está consignado que ese evento se hará en el marco de la Organización de Naciones Unidas para hacer una evaluación objetiva con la perspectiva de los países consumidores y productores, teniendo en cuenta las experiencias y las lecciones aprendidas en Colombia. Santos, sin duda, sería un protagonista de este evento.

Al final el presidente Petro habló de los problemas que han encontrado en la institucionalidad y de los esfuerzos por cumplir con el tema de tierras. Manifestó que la paz es un tema de todo el gobierno y habló del gabinete de paz.

La sensación, al final del encuentro que se extendió hasta las 10 de la noche, es que todos coincidieron en la necesidad de acelerar la implementación del Acuerdo Final. Santos y sus alfiles marcaron los temas prioritarios, Petro y sus funcionarios explicaron lo que están haciendo para que se impulse el cumplimiento del acordado. Aunque no se tocó de manera directa, todos saben que aun persisten las dudas del santismo sobre negociar con aquellos que traicionaron el Acuerdo. Pero como dijo uno de los asistentes: “el gobierno está construyendo su política, está diseñando sus instrumentos, hay que darle tiempo a que se organice, no queremos que le pase a Petro lo mismo que al gobierno Santos que antes de firmar el acuerdo se descalificó todo. Cada gobierno sabe cómo mata sus pulgas”.

No hay fecha prevista para el próximo encuentro, pero todos tienen la certeza de que se volverán a reunir.

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