• El Espectador (E.E): Lograr la aprobación de la ley denominada de “paz total” en el Congreso esta semana fue un buen triunfo político del Gobierno, pero, ¿cuáles han sido, en su concepto, los mayores tropiezos oficiales en estos casi 90 días de ejercicio gubernamental?

Alfonso Prada (A.P): No fue fácil armar las mayorías en el Congreso poco antes de la posesión presidencial. Estuvimos en intensas reuniones con las diferentes bancadas tratando de establecer cuáles partidos iban a estar y cuáles, finalmente, no irían en la coalición.

Finalmente logramos conformarla. Una vez instalado el Gobierno, las dificultades también han estado concentradas en el trámite de cada proyecto de ley, como el de reforma política, la propia reforma tributaria, la misma “ley de paz total”: conseguir poner de acuerdo a las bancadas es como un ajedrez, pues cada una tiene posiciones diferentes y proposiciones que no son sencillas de desestimar. Estos ejercicios implican una enorme capacidad de diálogo y de argumentación del Ejecutivo.

También se dan momentos tensos, por ejemplo, cuando se presentan declaraciones contradictorias de unos ministros o cuando, por poner otro ejemplo, el presidente o director de un partido intenta ponernos en jaque cambiando, sustancialmente, el contenido de nuestros proyectos.

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  • (E.E): Imagino que se refiere a César Gaviria, a Dilian Francisca Toro e incluso, aunque detrás de bambalinas, a Germán Vargas… Pero en cuanto a su afirmación sobre mensajes ministeriales contradictorios, en general, los críticos dicen que el Gobierno es desordenado y que sus propósitos son confusos. ¿Cómo explica estos comentarios?

(A.P): Pues… “hemos dado papaya”. Efectivamente, hemos cometido errores en nuestras comunicaciones internas. Es imperativo que tengamos mayor cuidado y que estemos coordinados, tal como nos los ha ordenado el presidente Petro.

  • (E.E): Entre todos los ministros, la más “golpeada” por la oposición es la de Minas, Irene Vélez, a quien le han armado, incluso, una moción de censura para obligarla a retirarse. Aunque nunca esa figura ha prosperado, ¿existe alguna posibilidad de que, esta vez, tenga éxito en contra de ella? A su juicio, ¿Vélez se lo merece o es víctima de los ataques por ser la vocera del presidente en esa materia tan difícil?

(A.P): De todos los representantes de la Cámara, solamente 22 o 23 firmaron la proposición, por lo cual la moción es frágil. Básicamente la impulsan unos pocos congresistas de la oposición. Por eso creo que es una actitud política, más que algo personal en contra de la ministra. Además, es prematura, pues no llevamos ni tres meses en el Gobierno y ya están cuestionando a la ministra antes de que ella demuestre su trabajo. No me cabe la menor duda de que la ministra va a salir airosa.

  • (E.E): Supongo que las declaraciones de la ministra Vélez son consultadas o sugeridas por el presidente Petro. ¿La culpan a ella por cuenta del jefe de Estado?

(A.P): (Risas) En sus declaraciones ella intenta interpretar el programa de Gobierno. Sin embargo, la implementación de ese programa debe ser consultada, armonizada y coordinada en el interior de la administración. Como le dije antes, “hemos dado papaya” muchas veces. No logramos ser comprendidos o se nos juzga prematura e injustamente. Por lo tanto, tendremos que ir afinando nuestras comunicaciones.

  • (E.E): Volviendo a la “ley de paz total”, y de acuerdo con lo aprobado allí, ¿cuáles reglas regirán las negociaciones con el Eln y con las disidencias de las antiguas Farc?

(A.P): Se aprobaron dos caminos para conseguir la “paz total”: primero, la negociación de acuerdos con organizaciones al margen de la ley a las que les reconocemos estatus político, y segundo, conversaciones con las organizaciones de alto impacto del crimen, que deberán conducir a su desmonte a través del acogimiento a la justicia.

  • (E.E): ¿Quién o quiénes, en el Gobierno, estarán encargados de cada uno de los dos tipos de negociaciones?

(A.P): Se crea una comisión de alto nivel compuesta por el ministro de Defensa, el alto comisionado de Paz y el director de Inteligencia estatal. Esa comisión decidirá cuál es el camino en cada caso. Es importante aclarar que aunque ninguna organización estará excluida, en principio, tampoco ninguna tiene asegurado un puesto en el diálogo nacional, en la medida en que no solamente vamos a tener que definir cuál de los dos caminos corresponde al grupo con el que se vaya a dialogar, sino las condiciones en que pueden sentarse a la mesa.

  • (E.E): ¿Cuáles son las reglas mínimas para entablar diálogos con esas organizaciones: dejar de disparar, por ejemplo? Pregunto porque muchas pueden tener la tentación de mostrarse temibles para tomar fuerza de negociación…

(A.P): Tal cual usted lo describe en su pregunta, los gestos de paz deben ser concretos como la suspensión de las agresiones, no disparar y, en general, cesar hostilidades. Se trata de actitudes que les muestren al país y al Gobierno la voluntad real de que esas organizaciones están dispuestas a desmontar sus actividades.

  • (E.E): Ha sido muy cuestionado el punto de autorizar las negociaciones con quienes han sido calificados de “desertores”, diferentes a las disidencias que nunca entraron en diálogo con el gobierno Santos. Los críticos se refieren al grupo comandado por “Iván Márquez” del que algunos -entre otros el exjefe negociador del Estado Humberto de la Calle-, opinan que traicionó el Acuerdo cuando retomó las armas. ¿Ustedes por qué insisten en hablar con él?

(A.P): Todo está por construir. La decisión que tomó el Congreso fue la de aprobar los dos caminos que mencioné. Por ahora estamos en una fase de exploración. Repito, hay disposición de dialogar a partir de gestos que generen confianza y que se vayan constatando. No hemos tomado ninguna decisión aún sobre el caso particular que usted menciona. Habrá que estudiarlo en el momento en que se presente.

  • (E.E): Para no equivocarme en la interpretación de su respuesta, aclare por favor lo que usted contesta, ¿significa que la decisión de volver a negociar condiciones de paz con “Iván Márquez” y su grupo no está aún tomada por el Gobierno?

(A.P): Exactamente: no está aún definida por el Gobierno. Estamos en la fase exploratoria.

  • (E.E): Y, de otro lado, ¿cuáles son o cómo se definirán las líneas legales que marcarán las conversaciones con las bandas criminales para su sometimiento a la justicia?

(A.P): Reitero que son dos casos completamente diferentes: uno, la negociación de un acuerdo de paz con actores a quienes les reconocemos actividad política y cuyo objetivo ha sido la toma del poder o el cambio de modelo de Estado. Y otro, muy diferente, el de las organizaciones de alto impacto del crimen o estructuras criminales con las que se tendrán conversaciones sobre las condiciones de acogimiento al Estado de derecho. Con estas se hará, básicamente, un diálogo judicial.

  • (E.E): A pesar de la aprobación mayoritaria la oposición política y colombianos del común piensan que sentarse a negociar, por separado, con criminales de toda laya es un juego muy arriesgado para un Estado débil y sin control territorial total. ¿Qué responde ante esta inquietud, fundamentada en la realidad? Los temores se incrementan por el propósito del Gobierno de permitir diálogos regionales de paz, difíciles de controlar.

(A.P): Lo que hicimos fue crear la posibilidad de que se puedan reglamentar las regiones de paz en zonas históricamente azotadas por el conflicto armado. En esas zonas tendremos comisionados de paz. Las autoridades locales, la sociedad civil y hasta los empresarios podrán participar en estos procesos de diálogo.

Significa que se reconocerá la realidad de los territorios, puesto que son diferentes las causas de la violencia y las organizaciones que la producen, según sea la zona del país. El conflicto en el Pacífico, en el Atlántico, en la frontera con Venezuela o en los Llanos no es igual.

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Reconocer esas diferencias nos llevó a pensar que debíamos proponer algo audaz. Y creo que marcamos un hito con el inicio de los diálogos regionales. No se trata de realizar decenas de diálogos, como usted sugiere en su pregunta. Se trata de identificar aquellas regiones que requieren la presencia específica del Estado en esta materia.

  • (E.E): De nuevo, vuelvo a preguntar para mayor claridad: ¿se nombrarán comisionados de paz por regiones? ¿Quién los seleccionará?

(A.P): Habrá comisionados de paz en las regiones cuando así lo determine el presidente de la República y el alto comisionado de Paz. Como señalamos antes, en la ley aprobada se deberá reglamentar este proceso. Pero, con seguridad, estas decisiones quedarán en cabeza de ellos dos.

  • (E.E): Segundo: ¿cómo se cumplirá con lo pactado en cada departamento y región?

(A.P): Los gobernadores y alcaldes no van a suscribir los acuerdos de paz ni mucho menos lo harán en los casos de acogimiento a la justicia. Esta función es indelegable del presidente de la República. Es decir, será el Gobierno Nacional el que firme los acuerdos finales; y al ser la “paz total” una política de Estado, quedarán vinculadas transversalmente la totalidad de las autoridades regionales y nacionales, quienes deberán cumplir lo pactado.

  • (E.E): En cuanto al denominado servicio social de paz, o lo que es lo mismo, la alternativa para los jóvenes que no deseen ingresar al servicio militar hasta hoy obligatorio, ¿deberá desarrollarse una vez conciliado el texto entre Cámara y Senado una reglamentación especial para poderlo activar?

(A.P): Sí, nos entregan la facultad y la responsabilidad de reglamentarlo. La implementación de la medida será progresiva. Pero, además, y lo digo con contundencia, aquí no se ha eliminado el servicio militar obligatorio. No se trata de acabarlo, sino de abrir una alternativa para que los jóvenes en muchos territorios puedan ayudar, por ejemplo, a la alfabetización digital en zonas rurales y urbanas, prestar servicio social en territorios de paz, étnicos o culturales, y también en protección de la biodiversidad, de las fuentes en los ríos, en las fuentes hídricas… Es decir, se abre una posibilidad inmensa para que los jóvenes puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de los colombianos en los territorios, no necesariamente mediante las armas.

  • (E.E): Especifique, por favor: ¿no se eliminará el servicio militar obligatorio que, según he entendido, pasa a ser un servicio militar voluntario?

(A.P): En esta “ley de paz total” no se elimina el servicio militar obligatorio. Nos limitamos a crear el servicio social como una alternativa para los jóvenes.

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  • (E.E): Dicen los expertos en reclutamiento que ya hay un número importante de soldados regulares que falta para cubrir el territorio nacional. Y que esta medida de alternativa social hará que el faltante sea mucho mayor. ¿El Gobierno ha examinado esta situación?

(A.P): Sí. El ministro de Defensa, quien encabeza este asunto en el Gobierno Nacional, les comunicó al Congreso y al país que la reglamentación y la implementación del servicio social irán poco a poco; vale decir que no impactará el pie de fuerza con que cuentan actualmente las Fuerzas Armadas y de Policía. En todo caso, debemos continuar el proceso de profesionalización de la Fuerza Pública vinculando más que bachilleres o jóvenes sin experiencia castrense, a soldados y policías con mayor formación. En el reglamento que se acuerde se definirán los detalles de estos procesos.

  • (E.E): ¿Por qué fue tan difícil la aprobación de una alternativa de servicio social al servicio militar? ¿Se opusieron los sectores extremistas del Congreso?

(A.P): Algo hubo de eso, pero la verdad no fue tan difícil. Creo que en el Senado hubo confusión porque algunos congresistas creyeron que estábamos votando la eliminación del servicio militar. Cuando en la Cámara lo explicamos con mayor claridad, obtuvimos un apoyo contundente.

  • (E.E): Desde afuera se ve como si los partidos tradicionales estuvieran, y perdone el término, chantajeando al presidente pidiendo, a cambio de su apoyo a la tributaria, puestos y control de entidades con alto presupuesto. Pareciera que la administración se está viendo forzada a ceder para salvar una parte de la reforma que ya se ve muy estropeada…

(A.P): El presidente Gustavo Petro no es “chantajeable”. Si algo así ocurriera, él mismo lo denunciaría. De cara al país, debemos enfrentar las diferencias que, en ocasiones, tienen los partidos con las propuestas gubernamentales. Nosotros, por nuestra parte, debemos estar dispuestos a escucharlos y también a controvertirlos. Serán las mayorías democráticas en cada partido y en el propio Congreso las que tendrán la última palabra. En algunas ocasiones ganaremos y en otras no.

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  • (E.E): La oposición del Congreso y la de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y una buena parte conservadora ha estado hiperactiva contra la administración Petro. ¿Le han hecho daño al Gobierno las tres manifestaciones que le han organizado y el activismo constante en las redes sociales?

(A.P): No tengo sino palabras de respeto frente a la oposición y frente al derecho a la protesta que les asiste: que marchen, que caminen, no nos produce nada distinto a la satisfacción democrática de que se encuentren en un país en donde no se les estigmatiza ni censura, ni asesina, ni encarcela por protestar. Este Gobierno respeta y hace respetar el derecho a la protesta. No nos incomoda ni nos incomodará jamás. “Estamos a punto de aprobar, en cien días, seis leyes de trascendencia”

  • (E.E): La aprobación, por amplia mayoría, de la denominada “ley de paz total” – que no es otra cosa que la prórroga, aunque con modificaciones, de la de Orden Público, de 1997- , ¿es, para usted, el triunfo más destacable del gobierno Petro en el Congreso, a dos meses y medio de instalada la administración? O, ¿hay otros relevantes?

(A.P): Sin duda, la ley de paz total es uno de los más importantes triunfos del inicio del Gobierno para el cumplimiento de su programa. Pero no puedo dejar de destacar la aprobación, en tiempo récord, del Presupuesto General, por un poco más de $405 billones en el que pudimos hacer una” repriorización” del énfasis en los proyectos sociales que el presidente Petro se comprometió a impulsar.

Adicionalmente, hemos logrado destrabar y convertir en ley de la República, el Acuerdo de Escazú, otra deuda que tenía Colombia con la comunidad internacional pero, particularmente, con la protección de la naturaleza y los líderes ambientales. Hemos aprobado, también, un tratado con España, esta semana. La entrante, tendremos el reto de aprobar la reforma tributaria y la ley de Regalías. Con ello, cumpliríamos un primer objetivo: aprobar en los primeros cien días, seis leyes, todas de alta trascendencia.

“El apoyo de las mayorías ha sido claro”

  • (E.E)  Si bien el gobierno Petro ha contado con mayorías en el Congreso y ha logrado la aprobación de proyectos relevante, no todo ha sido color de rosa. Al presidente le ha tocado ceder puntos clave para salvar, por ejemplo, la reforma tributaria.

Le pongo un caso concreto: así como la oposición salió a cantar victoria, unos votantes de Petro expresaron su desencanto con él, por haber aceptado eliminar del pago de impuestos, las pensiones de más de $13 millones, además de su aparente retroceso en cuanto a la industria petrolera ¿La cruda realidad se impone sobre las promesas electorales del Pacto Histórico?

(A.P): No lo veo así. Realmente, el apoyo a la agenda gubernamental de las mayorías del Congreso ha sido claro y esto nos ha permitido adelantar iniciativas exitosas vinculadas al programa de Gobierno. En términos generales, creo que ha sido poco lo que ha tenido que ceder. Y en cambio, hemos tenido aprobaciones de proyectos de gran contenido social. En el trámite de una reforma tributaria es normal que los partidos y los gremios presenten alternativas y que haya un proceso de discusión alrededor de un texto. Pero esto no lesiona su gobernabilidad.

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