Desde el municipio antioqueño de Yarumal, donde encabezó un Puesto de Mando Unificado (PMU), el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el próximo 15 de febrero presentará el proyecto de Ley de sometimiento a la justicia.

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“Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones. Vamos a presentar la ley el 15 de febrero”, manifestó el jefe de Estado.

En medio de su intervención expresó que la ley de sometimiento puede presentar caminos con salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el “exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica, si se quiere y hay voluntad de hacerlo“.

Y recordó que las organizaciones multicrimen que quieran acogerse a la ley de sometimiento no negociarán con el Gobierno, lo hará la justicia porque en este caso no es un tema de poder como si lo es con las organizaciones de carácter político.

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De otro lado advirtió a las organizaciones armadas que han expresado su interés de acogerse a la ‘Paz Total’ que deben cesar las hostilidades, no solo contra el Estado sino especialmente contra las comunidades, además de ponerles fin a negocios ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros.

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“El concepto del cese al fuego tiene que integrar otros elementos que, yo creo, se necesitan para que el proceso pueda dar el resultado eficaz. No es, solamente, el cese de hostilidades entre grupos armados, sino el cese de hostilidad a la población civil”, explicó Petro.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.

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