Pese a que una de las reformas insignia de su mandato, la de la salud, se recuperó después de un accidentado comienzo y enderezó el camino al pasar a segundo debate en el Congreso, el presidente Gustavo Petro decidió dar un timonazo a su administración este martes y les pidió la renuncia protocolaria a todos los ministros y rompió la coalición que había armado con los partidos tradicionales y que duró ocho meses.
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La ruptura con los partidos que les han planteado una férrea resistencia a las iniciativas de Petro puede ser entendible y normal en la dinámica de la política, pero lo que realmente resulta sorprendente es que pueda prescindir de los colaboradores que han estructurado las reformas que tanto persigue y deben sacarlas adelante en el Legislativo.
Aunque esto no quiere decir que vaya a prescindir de todos sus ministros (pero sí a cambiar a algunos de ellos), Petro no estaría viendo tanto en el gabinete la posibilidad de conseguir sus objetivos como en su habitual llamado a los ciudadanos a que salgan a las calles. Esto, a juzgar por sus más recientes declaraciones en la entrega de predio La Calera, en Zarzal (Valle del Cauca).
“El Congreso de la República, hoy, en sus Comisiones Económicas, quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano”, dijo el presidente Petro. “Ahora solo queda vigente un artículo en la ley y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica y obliga —si se quiere cumplir el Acuerdo de Paz— expropiar a quienes tienen la tierra. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra”.
Después, Petro reiteró su llamado a construir un pacto social para construir un país en equidad y en igualdad. “Aquí faltan dos cosas, porque o nos vamos del Gobierno y que vuelvan los señores latifundistas a gobernar este país y nos lo llenen de falsos positivos y de sangre —que es lo único que saben hacer— o hacemos un pacto social, que es lo que propusimos”.
“Pero un pacto social, no para que el pueblo se quede en silencio o que aplauda el que lo excluyan o que aplauda que no le permitan hacer las reformas sociales. Necesitamos un pacto social en el que convivamos todos en un proceso en el que más igualdad se pueda construir y crear, donde más equidad pueda haber”, agregó.
En ese punto, hizo referencia a la necesidad de que “el Gobierno se declare en emergencia” para sacar adelante sus iniciativas. “Yo pienso que el Gobierno debe declararse en emergencia. Significa que día y noche los equipos del Gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios, porque esto es un punto fundamental de la paz”.
“Un Gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón está a favor de la gente humilde y no simplemente por ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más”.
En este contexto, volvió a mencionar su recurrente idea del estallido social. “A pesar del triunfo electoral cuando le dijimos al pueblo del estallido social cálmense, [por]que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas se calmó. Pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser”.
“Hay una oportunidad aún, tanto del Gobierno como de la sociedad colombiana, para que a través del diálogo y del pacto se puedan hacer las reformas sociales del cambio que incluyan a la sociedad colombiana toda la prosperidad. Pero aquí se necesita decisión del Gobierno, audacia del Gobierno, y se necesita un movimiento campesino que se levante en la dignidad”, terminó.
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