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Lo revela El Tiempo. Se trata de un concepto del Consejo de Política Criminal, en cuál el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tiene un asiento. El concepto avala un proyecto de acto legislativo del Ministerio de Justicia para quitarle a la Procuraduría la capacidad de sancionar a funcionarios elegidos popularmente.
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El proyecto de reforma, que todavía no está radicado en el Congreso, tiene nueve artículos y, según revela el diario, “su objetivo es ajustar las competencias constitucionales de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República a fin de ‘proteger la democracia representativa, cumplir las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos políticos y fortalecer la Rama Judicial del poder público’”.
El concepto que avala el proyecto se votó en el Consejo el 10 de agosto y tuvo cinco votos en contra. Los de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y otros dos. A favor votaron 9 miembros y hubo una abstención.
Como se trata de una reforma a la Constitución, tendrá que superar ocho debates en el Congreso, una vez sea radicada.
¿Por qué es clave?
Hace parte de una larga pelea entre Petro y el ente disciplinario, que lo sancionó en 2014 y motivó una decisión de la Corte IDH a favor de los funcionarios elegidos por voto popular.
Y aunque ya hay una ley aprobada en el Congreso que reglamenta la orden de la Corte, el mandatario habló en campaña de una reforma para eliminar la Procuraduría, pero hasta ahora no había materializado esta propuesta.
Ayer, la Procuraduría tuteló tres sentencias del Consejo de Estado que le tumbaban sanciones a funcionarios elegidos.
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