El consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de Colombia, Francisco Barbosa, afirmó este jueves que eso represente un 25 % menos.

El funcionario detalló que los asesinatos cometidos durante ese periodo ocurrieron en 58 de los 1.103 municipios del país y resaltó que esa tasa representa “una de las máximas reducciones que tiene Colombia en homicidios en los últimos 30 años”.

De los líderes sociales asesinados el 87 % eran hombres y el 13 % restante mujeres, y los homicidios ocurrieron principalmente en zonas en las que hay presencia de grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal.

El último caso registrado es el Lucy Villarreal, una joven gestora cultural del departamento de Nariño (suroeste) que fue asesinada por un sicario en la carretera que conecta a Tumaco con Pasto.

Ese crimen fue rechazado por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien aseguró que aunque el Gobierno “crea que todo terminó” hace un año con la muerte del jefe disidente de las Farc Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, la verdad es que “la violencia no cesa en Tumaco”.

Ante este crimen, Barbosa dijo que la Fiscalía realiza las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables del asesinato y dijo que el “Gobierno nacional rechaza de forma categórica cualquier asesinato de cualquier colombiano”.

Madres de Soacha

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Según la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), que tiene sede en Nariño, con el homicidio de Villarreal son 22 los líderes sociales asesinados en lo que va del año en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador.

A comienzos de este mes la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que en lo que va de año al menos 86 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país.

Entre tanto, la ONG Programa Somos Defensores detalló en el “Informe Semestral enero-junio 2019” que al menos 59 defensores de derechos humanos fueron asesinados durante el primer semestre de este año en Colombia, cinco de ellos en Nariño.

Pese a esto, Barbosa subrayó que no hay sistematicidad en el asesinato de líderes sociales, pues son hechos relacionados con actividades ilícitas, e hizo un llamado a las autoridades locales y a la sociedad para trabajar de forma conjunta con el objetivo de detener ese flagelo.

“Las razones son diversas, aquí no hay una política de exterminio, ni una política sistemática, aquí lo que existen son razones diversas que se producen contra nuestros líderes sociales atadas a fenómenos de delincuencia”, concluyó.