Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia.
El Gobierno nacional ha anunciado recientemente la intención de suprimir la prima de servicios para los congresistas a partir de 2026. Según declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y conforme a lo informado por Noticias Caracol, el Ejecutivo ya está preparando un decreto que respaldaría esta decisión. La prima de servicios, cuyo valor mensual oscila entre 11 y 16 millones de pesos, es percibida actualmente por cada legislador y ha sido motivo de debate debido al impacto en el presupuesto estatal y a la percepción de privilegios dentro del gremio político colombiano.
Dicha prima fue establecida durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, mediante el decreto 2170 de 2013. Inicialmente, tenía como objetivo cubrir los costos de instalación de los congresistas que no residían en Bogotá, facilitando así su ingreso y establecimiento en la capital para ejercer sus funciones legislativas. Sin embargo, como precisó el ministro Ávila, en poco tiempo el beneficio dejó de ser exclusivo y fue extendido a todos los miembros del Congreso, sin distinción de lugar de origen.
El objetivo principal del Gobierno es abolir este decreto de modo que los nuevos congresistas, que asumirán sus cargos a partir del 20 de julio de 2026 tras las elecciones de marzo, ya no cuenten con dicha prestación. Actualmente, los 302 miembros del Legislativo reciben este pago, lo cual incrementa su salario mensual a cerca de 52 millones de pesos; sin la prima, este monto quedaría alrededor de los 35 millones. De acuerdo con los cálculos oficiales, el gasto mensual total por este concepto ronda los 3.322 millones de pesos.
En el borrador del decreto se recalca que la remuneración actual de los congresistas se considera desproporcionada frente al promedio nacional de ingresos y la situación económica general, dificultando el cierre de brechas sociales planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Por tal razón, el Gobierno plantea la necesidad de rediseñar el gasto público, priorizando medidas de austeridad sin perjudicar derechos fundamentales, incluyendo los de los propios legisladores.
Por otro lado, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que el aumento del salario mínimo en un 23% —lo que equivale a cerca de dos millones de pesos, considerando el subsidio de transporte— tendrá repercusión no en los sueldos de los congresistas, sino en el presupuesto destinado a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Estos equipos de apoyo pueden recibir hasta 100 millones de pesos mensuales, ya que la ley autoriza pagar hasta 50 salarios mínimos al personal vinculado. Sanguino señaló que será necesario revisar este límite y discutirlo en el Congreso.
El funcionario aclaró también que el salario de los legisladores no se incrementa automáticamente con el ajuste del salario mínimo vital, ya que su remuneración se determina por otros parámetros independientes de ese índice.
¿Qué consecuencias podría traer la eliminación de la prima para el ejercicio legislativo?
Esta pregunta surge de la preocupación acerca de cómo el retiro de la prima impactará la composición, motivación y desempeño del Congreso. Si bien el objetivo oficial es cerrar brechas y adecuar los salarios a la realidad económica nacional, eliminar este incentivo podría modificar las condiciones en las que nuevos candidatos deciden postularse o volver a legislar. Además, se plantea el debate sobre el equilibrio entre austeridad fiscal y la garantía de condiciones dignas para quienes asumen funciones parlamentarias.
El análisis de los efectos de esta medida será fundamental en los próximos meses, pues la percepción ciudadana y la respuesta del sector político influirán en el desarrollo de futuras políticas salariales y de incentivos en cargos de elección popular.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
