
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, alistan un nuevo proyecto de ley que busca establecer un marco jurídico para la política de la llamada “paz total”. Esta iniciativa se dará a conocer en detalle al Congreso de la República este próximo 20 de julio y tiene como objetivo principal alcanzar una resolución pacífica con grupos armados clave del país.
(Vea también: ¿Se acabó fiesta de beneficios para criminales? Fiscalía pondría freno en negociaciones de paz)
El proyecto se divide en tres pilares fundamentales: justicia transicional, sometimiento y beneficios para los procesados por protesta social. Las propuestas incluyen rebajas sustanciales de penas, oportunidades para reincidentes y la posibilidad de que los sometidos conserven un porcentaje de sus bienes. Las medidas han producido todo tipo de reacciones y expectativas entre los colombianos.
El primer pilar, la justicia transicional, se enfocará en los miembros de los grupos armados organizados que cumplan con los criterios del derecho internacional humanitario. Según explicó Montealegre, “bajo este modelo, no se tendrá en cuenta el estatus político de la organización, sino su estructura y capacidad armada”, de acuerdo con lo revelado por revista Semana.




El segundo eje, el sometimiento a la justicia, está destinado a las estructuras criminales no contempladas como parte del conflicto armado. Según lo informado por la citada revista, este aspecto del proyecto propone la posibilidad de que los sometidos conserven hasta el 12 % de los bienes obtenidos ilícitamente. Sin embargo, hay una condición fundamental para estos beneficios. Como señaló una fuente gubernamental, “sin desbaratamiento no hay paraíso”.
De acuerdo con El Tiempo, la iniciativa otorgaría beneficios a delincuentes que ya hayan pagado cárcel entre 5 y 8 años, para que se puedan acoger a la política del Gobierno Petro. Además, la propuesta contempla que quienes hayan sido condenados en el marco de la protesta social, también puedan acceder a beneficios como libertad condicional anticipada, siempre y cuando cumplan algunos requisitos.
Una de las personas que se podría acoger a esta gabela de Petro sería Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, quien sigue privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde paga una pena de 5 años y dos meses por los daños ocasionados en una estación de Transmilenio en 2019.
Figuras como Sergio Andrés Pastor González, ‘alias 19’, podrían beneficiarse de esta iniciativa. Este hombre, líder del grupo ‘resistencia Portal Américas’ en Bogotá, fue sentenciado a 14 años y 7 meses de prisión por tortura agravada y concierto para delinquir, tras los acontecimientos violentos durante el paro nacional de 2021. “Es importante recordar que la condena de alias 19 fue ratificada recientemente por el Tribunal Superior de Bogotá”, según resaltó el citado diario. El plan del Gobierno permitiría que casos similares accedan a los beneficios de la libertad condicional y rebajas de pena.




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