Everth Julio Hawkins ha sido el gobernador de San Andrés durante los últimos tres años. Un periodo en el cual el archipiélago sufrió las consecuencias del covid-19, el huracán Iota, el alza en los precios del combustible, los coletazos de la salida del mercado aéreo de Viva y Ultra y, ahora, una crisis migratoria. Según la Procuraduría, en 10 meses han desaparecido 59 migrantes que pasan por las islas. Además, los órganos de control le han seguido el rastro a Hawkins por su papel en la ejecución de recursos y recién esta semana quedó señalado por los millonarios sobrecostos para la construcción de un megacolegio en San Andrés. ¿Qué está pasando en el archipiélago? Así responde.

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El año pasado, la Armada reportó decenas de capturas semanales por migración irregular por San Andrés y lo definió como una ruta alterna al Darién de personas que intentan llegar a Estados Unidos Ahora, la Procuraduría describió la situación como una crisis migratoria. ¿Qué puede decirnos sobre esta situación?

Lo que hemos podido establecer es que ciudadanos venezolanos son el 98 % de los migrantes que utilizan la ruta por San Andrés. Cuando llegan al archipiélago, encuentran una red de personas que se prestan para ubicarlos en posadas turísticas, ubicarles las lanchas, llevarlos al cayo de Albuquerque. Ahí, hacen el trasbordo con los nicaragüenses, para sacarlos por Centroamérica. Eso ha sido un tema muy complejo, y Migración Colombia está encima del tema. Recordemos que Colombia les otorgó estatus migratorio a estos ciudadanos y, por eso, son responsabilidad del Estado. Otro gran problema son los pescadores y las personas que tiene lanchas turísticas.

¿Por qué?

Porque ellos también transportan a migrantes. En esos tránsitos sí ha habido accidentes en donde, presuntamente, y de acuerdo con información de la Armada Nacional, hay más de 60 desaparecios. ¿Cómo se dan cuenta? Los tripulantes son buscados por su familia y estos dicen que se fueron a un viaje del cual nunca volvieron.

¿Qué hacer para reducir el número de migrantes que terminan muriendo buscando una mejor vida?

Primero, pedirles a los migrantes que no hagan esa travesía porque es peligrosa. Segundo, que el Estado colombiano retire la protección a inmigrantes venezolanos. Eso ha sido un problema. Nosotros lo vivimos y Necoclí también. ¿Qué puede hacer migración si la gente llega con todas las autorizaciones para estar en el país? También es muy complicado tener un policía o todo un servicio de inteligencia para saber quiénes son turistas o quiénes son las personas que tienen intención de utilizar embarcaciones para transportar a migrantes. O las personas de San Andrés que manejan las redes que les cobran a los inmigrantes hasta $ 1.100 de dólares. Estamos desbordados.

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Además de la crisis alertada por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el año pasado por el recrudecimiento de la violencia en el archipiélago y por el aumento en casos de narcotráfico. ¿Cómo va esta situación?

El narcotráfico produce más recursos, en comparación con quienes trabajan en la legalidad. Es un corredor muy difícil. La Armada Nacional incautó el año pasado la mayor cantidad de droga en la historia de San Andrés: más de nueve toneladas de cocaína en un año es alarmante. Ahora sobre el tema de violencia. en 2021 logramos esclarecer el 70 % de los casos de homicidio y el año pasado hicimos un proceso de contención, pero se nos ha presentado que hay líderes de bandas criminales que estaban en las cárceles y que salieron por vencimiento de términos. Son líderes de esas bandas enemigas. La Fiscalía ha hecho un buen trabajo, pero los jóvenes no tienen ningún problema en empuñar un arma.

¿Qué decir del megacolegio en San Andrés cuyo costo adicional llegó hasta los $ 49.000 millones, según la Procuraduría?

Esto está desde el 2014, cuando empezó la construcción de ese megacolegio y quedó abandonado en el 2018. Yo sé de la responsabilidad que tengo como gobernador de resolver los problemas heredados. He resuelto muchos, pero no todos. ¿Qué sucede? La Fiscalía se llevó todos los documentos originales y copias de la Gobernación con respecto a esa contratación. Entonces no sé cuánto se invirtió, ni los secretarios de planeación e infraestructura. No tenemos los archivos departamentales. Estoy contratando una consultoría, para que me diga cuánto hay que invertir y cuánto se invirtió en ese megacolegio.

Pero el Departamento Nacional de Planeación ya los sancionó por este caso…

Nos sanciona con toda razón porque tuvimos varias mesas intentando ver qué podíamos hacer para salvar esos recursos que eran de regalías. Nos hicieron devolver $ 20.000 millones. Nos sancionaron. Interpusimos recurso, pero al final nos quitaron esa plata. Pero, yo fui el único que pudo proceder de todos los exgobernadores. A mí me da tristeza cómo se aborda la noticia, como si ese proyecto fuera de la actual administración, como si la plata se hubiera perdido de mis manos o yo hubiera permitido un elefante blanco. Llevo todo este tiempo buscando solución. Me impresiona que la Procuraduría no destituyó a los anteriores gobernadores por ese tema o ¿es que se precluyó la investigación contra ellos?

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Y en el entretanto, el colegio quedó en veremos…

Yo no voy a alcanzar a terminar ese megacolegio, porque la sanción del DNP establece que no hay más recursos para esa construcción. Nos tocaría entregarle recursos propios que, por supuesto, no tenemos. La crisis que tenemos desde enero de este año me dice que no tenemos $ 20.000 millones. No tengo por donde, a menos de que el Ministerio de Educación me ayude.

Partiendo de ese caso particular, ¿cómo está la economía de San Andrés?

La situación desde enero de este año es mala. Arrancamos mal con el tema de tarjeta de turismo, una de las fuentes más importantes de recursos tributarios y no tributarios, para el funcionamiento de la entidad, para la libre inversión, la infraestructura pública y para la promoción turística. Esos recursos, como no están entrando, a marzo de este año ya tenemos más de $ 17.000 millones de pesos que no han ingresado. De la crisis que está generando el tema turístico, el sector hotelero y el formal se les está dificultando enormemente pagar impuestos.

En ese sentido, ¿la falta de turismo cómo está afectando al sanandresano?

Solo en Semana Santa hubo perdidas de $ 60.000 millones. De enero a la fecha, tenemos pérdidas por más de $ 450.000 millones, reporte oficial de Cotelto (Asociación Hotelera y Turística de Colombia). Tuvimos una ocupación de solo el 18 %. durante esos días de feriado Tuvimos vuelos promedio de solo 17 al día. Y eso contando los vuelos que incrementó Avianca y Latam, sobre todo gente de Cali, Bogotá y Medellín. Ya conectividad con la costa perdimos.

Esa situación, para el sector formal en general, es fuerte, sin decir el sector informal, que es el 65 % que vive del día a día del turismo. Hoy están en una crisis porque los vuelos que están llegando no alcanzan. Para finales del año pasados, tuvimos un promedio de 100.000 turistas al mes. Hoy estamos recibiendo solamente 37.000 a 40.000 turistas. Como están las cosas, pues no hay mejoría, salvo que el gobierno nacional cumpla los compromisos que hizo con la comunidad.

El alza en el precio de los pasajes, la hotelería costosa, la baja afluencia de visitantes… ¿De quién podría ser responsabilidad?

El tema empezó con los impuestos al combustible. San Andrés es la ruta más costosa para operar para las aerolíneas. Y las cargas impositivas son muy altas. Nosotros estamos en un archipiélago que comparte frontera con siete países. El decreto 1073 de 2015 exonera a los municipios de frontera para no pagar ese impuesto global al combustible. En cambio, nosotros compartiendo frontera con esos siete países, pagamos todos esos aranceles, cuando deberíamos estar exentos. Eso está incidiendo en los precios del trasporte aéreo.

¿Cómo va la reconstrucción de Providencia? Procuraduría y Contraloría reportan un avance escaso.

En principio, Providencia tiene un alcalde que es el responsable de la administración municipal. Como gobernador, nosotros hacemos las trasferencias de manera puntual para que los recursos puedan fluir y el alcalde pueda sopesar esa situación compleja. Pero también hay que decir que los encargados del proceso de reconstrucción fueron el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Riesgo, el Findeter, entre otros. Tenían la responsabilidad de sacar los residuos especiales, que aún están en la isla y que son una incomodidad. Hay una contaminación ambiental ahí.

Una de las alertas es que algunas viviendas quedaron mal terminadas, pues no quedaron conectadas a ningún sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿qué ha hecho la gobernación en ello?

Eso lo entregó el Ministerio de Vivienda, con el viceministerio de aguas. No tengo argumentos técnicos para decir que hay casas que quedaron mal hechas. Hay viviendas que quedaron muy bien construidas, mucha gente contenta. Tal vez hay algunas situaciones por corregir, en especial para mejorar el sistema de cisternas y o los pozos sépticos. Pero creo que la ministra de Vivienda (Catalina Velasco) ha estado muy pendiente de hacer lo necesario para organizar todo lo que falta.

¿Cómo dejar tranquilos a los colombianos con respecto a San Andrés?

San Andrés, como todas las regiones de Colombia, tiene problemas. El incremento de la inseguridad en el país es alarmante y no somos ajenos a ello. Los problemas que hemos heredado los estoy tratando de resovler. Hoy tenemos una inversión importante de más de $ 252.000 millones, en obras de infraestructura de toda índole: vías, andenes, sitios de interés turístico. Los entregamos sin anticipos y los consorcios han ido avanzando con sus propios recursos y les hemos estado pagando. Creo que, en medio de las dificultades, está bien que los entes de control cumplan su rol, pero creo que San Andrés se está estigmatizando demasiado. Hemos padecido, después de pandemia, muchos señalamientos. Hoy estamos tratando de cambiarle la cara a San Andrés. Pandemia. Huracanes. Una crisis aérea. Y ahora una migratoria. Es muy verraco.