Fiscalía, con todas las pruebas, va por el gobernador de Magdalena para dejarlo preso

Al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, lo atropellaron los elefantes blancos que dejó durante su paso por la alcaldía de Santa Marta, entre 2012 y 2015.

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Las megaobras que tramitó por contratos que sumarían $ 19.680 millones, más $ 1.680 millones por un presunto sobrecosto, lo tienen hoy contra las cuerdas, pues la Fiscalía ya recogió pruebas tan contundentes como para imputarle cargos y –de paso– pedir que vaya preso en pleno año electoral. Todo esto mientras se adelantan las investigaciones en lo que sería el mayor caso de corrupción y desviación de recursos bautizado como “El Robo de Magdalena”.

Así las cosas, Caicedo se enfrentará a la justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

De tal gravedad son las investigaciones que en este caso están enredados otros dos exgobernadores que habrían ayudado a exprimir cinco contratos en los que habrían sacado sobrecostos que superan los $ 457.000 millones. Y en el caso particular del gobernador actual, tres fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia lograron destapar un presunto peculado que estima los $ 1.680 millones.

Son tres negocios jugosos por el que lo quieren meter preso. El primero tuvo lugar un año antes de que finalizara su periodo como alcalde de Santa Marta, el 30 de diciembre de 2014, cuando quería construir una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino.

Inicialmente, ese contrato se firmó por 10.044 millones de pesos, pero luego recibió varias adiciones por 5.000 millones de pesos. Además, otra de las irregularidades que llevaron a la Fiscalía a investigar fue un plazo irrisorio de cinco meses para entregar la megaobra y por eso tocó ampliar el contrato por tres años más.

El segundo negocio turbio de Caicedo se firmó el 1 de abril de 2015 con el que pretendía construir dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad, ubicado en el corregimiento Bonda de Santa Marta. El millonario contrato se firmó por $ 6.954 millones pero las labores investigativas de la Fiscalía encontraron evidencias de un peculado de más de $ 979 millones por sobrecostos. Lo llamativo de este asunto es que el contrato no ha sido liquidado y las obras que se suspendieron en 2018, apenas se reiniciaron el año pasado.

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Pero no todo termina ahí. Antes de irse de la Alcaldía le quedó chance para un negocio más que ahora lo enloda. Precisamente, se firmó en el último trimestre, el 28 de octubre de 2015. Para ese contrato se adjudicaron 2.682 millones de pesos destinados a la adecuación del coliseo Gaira, pero en este también encontraron malversación de fondos públicos por 700 millones de pesos, más sobrecostos.

Todo este entramado se reveló justo días después de que la Procuraduría sancionó al presidente de la SAE, Daniel Rojas, y ahora, otro de los escuderos del presidente Gustavo Petro tendrá que responder por las irregularidades y los millonarios sobrecostos.

El abogado Julián Quintana ha seguido de cerca la gestión de Caicedo, por lo que hace dos años conformó una veeduría ciudadana para recibir casos de presunta corrupción. Precisamente, la mayoría de las denuncias que llevaron a que la Fiscalía pescara al mandatario local llegaron desde allí y otras organizaciones sociales.

Quintana le dijo a EL COLOMBIANO que “Caicedo se apropió de los dineros de manera ilícita con contratistas para financiar sus aspiraciones políticas. Ese apalancamiento le ha servido para su proyecto. Pero faltan muchas investigaciones, este no va a ser el primer caso”.

Y es que los líos judiciales de Caicedo tienen hilos más extensos. Recientemente, la Fiscalía precluyó la investigación en la que se le involucraba en los homicidios de un estudiante y dos docentes de la Universidad del Magdalena durante su época como rector. Decisión que celebró en sus redes sociales justo cuando en los medios estallaba el nuevo escándalo.

Sin embargo, como bien lo dice el gobernador en su trino “vendrán de seguro más batallas”, pues el abogado Quintana aseguró que apelarán la decisión porque “existen pruebas para acreditar la autoría de Carlos Caicedo en estos delitos que presentaremos ante la delegada de la Corte Suprema, donde los mismos autores materiales le confiesan a las autoridades que quien ordenó los homicidios es Carlos Caicedo”, apuntó el abogado.

Este diario intentó comunicarse con el gobernador para conocer su posición sobre el escándalo, sin embargo no se pudo establecer contacto, y desde su oficina de prensa comunicaron que no hay declaraciones oficiales.

Así el panorama, Caicedo tendrá un año movido en términos judiciales y si un juez acepta la medida de aseguramiento que la Fiscalía está pidiendo, Caicedo quedaría sin gobernación