La decisión del traslado la habría tomado la misma procuradora, Margarita Cabello, según el relato que hizo el mismo servidor público en W Radio.
Jiménez le dijo a la emisora que incluso presentó sus denuncias ante la Fiscalía General de la Nación sobre problemas que detectó en una licitación por 6.111 millones de pesos.
Según él, se habrían manipulado los resultados del proceso que entregaba un contrato para el mantenimiento de las sedes de la entidad, incluyendo la instalación y mantenimiento de aires acondicionados: “Denuncié ante la Fiscalía la alteración del puntaje en un informe porque lo que se publicó en la plataforma SECOP no coincidía”.
Jiménez le contó a la emisora que inicialmente se creía que un Comité Técnico elegido por la Junta de Licitaciones evaluó correctamente cinco ofertas y eligió al ganador, pero que después en una reunión virtual un asesor de Cabello compartió por error un chat de WhatsApp que demostraría lo contrario.
“Un alto asesor de la procuradora compartió información privilegiada, en ese momento, con una persona que no hace parte de la planta de la entidad, que es la señora Erika Escaf, ‘polémica exsecretaria general del Municipio de Soledad (Atlántico)'”, que ahora tiene el contrato, puntualizó.
El funcionario acudió a la Fiscalía a ratificar esos hechos el 28 de febrero y el 4 de marzo fue notificado que sería trasladado de la sede central en Bogotá a la Procuraduría Provincial de Apartadó en Antioquia.
Jiménez explicó en W Radio por qué lo considera como una retaliación de la procuradora: “Nunca había escuchado de un traslado de esta índole y más que soy ingeniero mecánico y todas mis funciones son en la división administrativa. Manejo temas de licitaciones y soy supervisor de contratos en Bogotá, mientras que en Apartadó hay necesidad de personal pero de índole jurídico y no sé que vaya a aportar allá“.
Desde la Procuraduría aseguran que Cabello es libre de tomar esas decisiones, pero en el medio aseguran que sí es irregular lo que sucedió.
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