En un comunicado, las Fuerzas Militares señalaron que después de lanzar las bombas al campamento del jefe disidente ‘Gildardo Cucho’, en San Vicente del Caguán (Caquetá), “no se presentaron persecuciones, combates, ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual”.
Eso, luego de que residentes que viven cerca del lugar del bombardeo, le dijeron a Noticias Uno que los militares “cargaban perros persiguiendo [a tres] niños y los mataron al frente de unos potreros”.
Además, las Fuerzas Militares también se refirieron a la denuncia de que los menores muertos por el bombardeo no fueron 8, sino que la cifra estaría entre 16 y 18, y dijo que solo Medicina Legal es competente para “emitir dictámenes científicos legales” para establecer “posibles causas de muerte y plenas identidades de los occisos y sus edades biológicas”.
En ese sentido, en el documento se indica que los militares entregaron el material relacionado con la operación a “las autoridades competentes” para el “desarrollo de las investigaciones”.
Finalmente, la institución insiste en que ese bombardeo “se trató de una operación legítima, legal y en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.
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