Se trata de cuestionamientos a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los que Martínez cree que hay conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la JEP.
El primer punto de la carta, difundida por La FM, hace referencia a la competencia de la Fiscalía para conocer del narcotráfico como delito de ejecución permanente. Para el ente acusador, el acuerdo final de paz entre Gobierno y Farc no definió la jurisdicción competente para conocer de esas conductas punibles.
“Por ello, en el trámite de Acto Legislativo No 1 de 2017 la Fiscalía propuso que tales delitos fueran de conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria (Fiscalía General de la Nación), con apego a los principios rectores de la competencia de la JEP, que circunscriben el ejercicio de su jurisdicción, a los delitos ocurridos durante el conflicto hasta el 1 de diciembre de 2016″, dice en su carta el Fiscal.
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Para Martínez, corresponde a la JEP evaluar esos casos y determinar si deben ser investigados por la justicia ordinaria. De no hacerlo, haría imposible la judicialización de los reinsertados que continúen conservando narcocultivos. También señala que, tal y como están las cosas, la Fiscalía pierde competencia frente a algunos procesos.
Los otros puntos en los que el Fiscal cree que la Corte Constitucional le quita competencias frente a la JEP tienen que ver con la suspensión de investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados, la renuncia a la investigación penal de graves crímenes, la garantía de no repetición, y, finalmente, el trámite de extradición.
En el caso del trámite de extradición se apunta directamente al caso de alias ‘Jesús Santrich’, caso en el cual, según Martínez, se sustrae a Colombia de la posibilidad de materializar circulares rojas de Interpol en el marco de la lucha global contra el crimen.
De acuerdo con el Fiscal, la Corte Constitucional asume que la extradición impide al Estado colombiano investigar y juzgar a los reinsertados extraditables, no obstante la existencia “de profusa experiencia” que ha demostrado que el juzgamiento en el exterior no es incompatible con el juzgamiento en el país.
En otras palabras, para la Corte, a la luz de lo que plantea el Fiscal, si se extradita a esas personas dejarían de ser juzgadas en Colombia, y por eso no repararían a las víctimas.
Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional, dijo en esa misma emisora que comparte las preocupaciones del Fiscal, “porque son puntos adicionales, graves, que llevan al descuadernamiento muy, muy severo que está padeciendo Colombia para tratar de otorgar más y más y más concesiones a los integrantes de las antiguamente denominadas Farc”.
“En el tema de la extradición a mí me preocupa mucho que Colombia siga haciendo malabares, cuando la extradición es un asunto de derecho internacional en el que hay que respetar a la nación donde cualquier persona haya cometido algún delito, pues tiene que ir a responder ante la justicia de esa nación. Colombia no puede estar condicionando esto ni se puede negar a la colaboración recíproca a la que tiene obligación en el derecho internacional”, dijo Pinilla.
Por su parte, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez dijo en esa misma frecuencia que la carta de Martínez no es un discurso en contra de la paz o de la Corte Constitucional, sino que más bien son “preocupaciones válidas de un hombre sumamente estudioso y conocedor del sistema jurídico colombiano”.
Gómez Méndez también cuestionó el hecho de que el alto tribunal anuncie los fallos a través de los medios, y lamentó que primero se conozca un comunicado de prensa cuando aún no se ha redactado la sentencia.
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