En una conversación con Pepa Bueno, directora del periódico El País, de España, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, aseguró que en Colombia “son las mujeres las que están encarceladas por tema de trata de drogas, mujeres empobrecidas”. (24:08).

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RedCheq le preguntó al equipo de comunicaciones de la vicepresidenta a qué se refería con “trata de drogas”, pues sospechamos que fue un lapsus de Márquez Mina, que quiso referirse al tráfico de drogas (pues estaba hablando del narcotráfico en Colombia), también le preguntamos en qué fuente basó la vicepresidenta su aseveración, pero no hemos tenido respuesta.

Calificamos la frase de Márquez Mina como discutible, pues ninguno de los datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) muestran que sean más mujeres encarceladas por narcotráfico que hombres, pero tiene razón en que las mujeres que han cometido este tipo de delitos son vulnerables y de escasos recursos económicos, como lo demuestran estudios al respecto.

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Datos del Inpec (con corte al 5 de diciembre de 2022) indican que hay 10.900 hombres condenados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras hay 1.773 mujeres condenadas por lo mismo. Los sindicados por ese delito son 3.963 hombres frente a 809 mujeres.

El informe del Ministerio de Justicia titulado Caracterización de mujeres condenadas por delitos relacionados con drogas muestra que a mayo de 2020 había 3.583 mujeres en la cárcel por delitos relacionados con drogas. En ese momento hicieron una caracterización, basada en la aplicación de 2.058 encuestas, el 84,3 % de esas mujeres vivían en estratos considerados como bajos y el 91,7% no tenían estudios superiores. Además, el 70% de ellas tenía trabajos informales y 16,3% devengaba sus ingresos de actividades ilegales, principalmente relacionadas con drogas.

El artículo ‘Cárceles para mujeres: la necesidad de implementar el enfoque de género en el proceso de superación del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria en Colombia’ llama la atención sobre que “la política de drogas y encarcelamiento en Colombia ha estado acentuada en los eslabones débiles de las cadenas de producción y tráfico de estupefacientes. Justo en estos eslabones se sitúa la mayoría de las mujeres que hoy se encuentran condenadas o sindicadas por delitos de drogas, mujeres que, en general, se encuentran inmersas en contextos de pobreza y desigualdad, con necesidades básicas insatisfechas y personas dependientes a su cargo. A pesar de esto, los impactos desproporcionados que podría tener la cárcel en la vida de estas mujeres y sus familias no son tenidos en cuenta ni por el sistema penal ni por la política contra las drogas en el país, al contrario, existe información que da cuenta de que a las mujeres se les trata con más dureza en una política que, de entrada, es particularmente severa”.

Dicho artículo también menciona que las mujeres acusadas de estos delitos tienen problemas con la defensa pública (abogados proporcionados por el Estado) que reciben en medio del proceso judicial, pues hay evidencias de que es usual que los defensores públicos les aconsejen aceptar cargos o celebrar preacuerdos sin intentar primero construir estrategias de defensa para las acusadas.

El artículo ‘La necesidad de una política criminal en materia de drogas que reconozca la situación de vulnerabilidad que enfrenta la mujer’ señala que “gran parte de las mujeres condenadas por drogas cuentan con un bajo nivel de escolaridad, tienen hijos y familiares que mantener, como adultos mayores y personas con alguna discapacidad, con trabajos informales que no llegan, en casi todos los casos, al salario mínimo ni tampoco alcanza a cubrir las mínimas necesidades de la familia. Se trata entonces, en gran parte de los casos, de mujeres jefas de hogar, con hijos y en ocasiones con otras personas a su cuidado”.

Según este artículo, las mujeres deben afrontar diversos riesgos y tienen mínimas oportunidades educativas y laborales. Además, en general, son excluidas del proceso productivo, revictimizadas y terminan criminalizadas como una expresión más del control social formal e informal.

“En síntesis, las mujeres condenadas por este delito no son parte clave dentro del organigrama de la estructura de narcotráfico. Es más, su aporte o función, en la mayor parte de casos, es “fungible”, es decir que otra persona vulnerable o fácilmente reclutable puede hacerlo en su lugar, y, en nuestro país, lastimosamente otra mujer estará ahí para hacer tal función”, concluye el artículo.

Es decir, aunque no son en su mayoría mujeres quienes están en las cárceles por delitos relacionados con drogas, las mujeres que han cometido estos actos tienen un impacto mayor en diversos aspectos de sus vidas que los hombres.

 

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