El organismo dice que el proceso no está dando garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes y añade que “las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes” para esclarecer de manera pronta la verdad sobre la vigilancia del Estado a ciudadanos “ni para prevenir que vuelvan a ocurrir”.

Además, dice que las “reacciones enérgicas” del Gobierno ante las actividades de inteligencia contra periodistas se volvieron recurrentes, pero que no pasa de allí:

“Las autoridades asumen públicamente compromisos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pero con el paso del tiempo pareciera que estos quedan en una rueda de prensa, se diluyen en pocas semanas y no se reflejan en las investigaciones. Es importante valorar el rechazo de lo ocurrido por parte del Gobierno nacional pero es prematuro dar por sentado y asumir con ese rechazo que todo está resuelto”.

La Flip dice que el Gobierno se acostumbró a este tipo de casos y no garantiza el derecho a la justicia para las víctimas de esos seguimientos ilegales.

“Las investigaciones penales y disciplinarias se deben adelantar con celeridad y sancionar ejemplarmente a los responsables, de lo contrario anticipamos un alto riesgo de impunidad para estos hechos”, añade.

La Flip también criticó que desde el 19 de agosto de 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército y por eso le pidieron información de las investigaciones y las actividades de prevención que se han desplegado.

El Estado contestó algunas de las preguntas, pero “omitió resolver de manera integral y completa todos los interrogantes planteados por los expertos independientes de Naciones Unidas y de la CIDH“, afirma la Flip.

Además, recordó que en el Congreso de los Estados Unidos cursa un proyecto de ley que busca el esclarecimiento del uso de la asistencia internacional del sector de seguridad de ese país al Gobierno de Colombia, con el fin de aclarar si fue utilizada indebidamente para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil.

Sobre los militares, la Flip recordó que 11 militares involucrados fueron retirados del servicio pero que el proceso interno “es de carácter reservado, razón por la cual no se conocen los pormenores de las medidas que se adoptarán para que se respeten los estándares de protección de derechos humanos”.

Por otro lado, criticó que la Fundación no haya recibido información sobre el alcance de los perfilamientos y los responsables a pesar de que se ha insistido recurrentemente y añadió que desde la Fiscalía “no se conocen vinculaciones formales al proceso”.