En declaraciones a la prensa, Cepeda indicó que ambos parlamentarios mantuvieron este viernes una “conversación larga y detallada” sobre el asunto con los miembros del comité de Exteriores de la Cámara Baja, de mayoría demócrata, y con la oficina del congresista Jim McGovern.

Los dos senadores, que dicen haber sido víctimas de las chuzadas, también tienen previsto otra reunión con el senador Patrick Leahy, uno de los hombres fuertes del Partido Demócrata.

Así lo manifestó Cepeda:

“Les hemos expresado nuestra mayor preocupación por este aparato que ha surgido de espionaje en el Ejército Nacional. Hemos expresado también que en la Fiscalía General de la Nación se han hecho labores de espionaje también y que esto ha contado con recursos de EE. UU. en materia tecnológica”.

Durante el encuentro en el Congreso, los dos senadores colombianos hicieron énfasis en que supuestamente se ha usado el dinero de los contribuyentes estadounidenses para poder pagar por esas escuchas, una situación que esperan incentive la acción de los legisladores de EE. UU.

De esa forma, Cepeda y Barreras esperan que los congresistas estadounidenses planteen “preguntas” sobre el supuesto uso de fondos de cooperación de Washington para espionaje y, además, tienen la esperanza de que haya un “pronunciamiento” por parte del Congreso en el que se exprese “preocupación” por este episodio, detalló Cepeda.

Además de acudir al Congreso, los dos senadores solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte medidas cautelares de protección para obligar al Estado Colombiano a garantizar los derechos políticos de los dirigentes que supuestamente han sido víctimas de las chuzadas.

“Es un asunto de violación de derechos civiles que pone en peligro la democracia y que amerita medidas cautelares”, subrayó a la prensa Barreras.

Las denuncias llegan después de que este mes la revista colombiana Semana publicara un reportaje titulado ‘Chuzadas sin cuartel’, en el que desvelaba un nuevo escándalo que ha sacudido a Colombia: una serie de escuchas ilegales a políticos, jueces y periodistas por parte de la inteligencia militar.

De acuerdo a la investigación de Semana, esas escuchas fueron la causa de la salida en diciembre del general Nicacio Martínez, cuestionado por su política frente a los derechos humanos y que había aludido a razones familiares para justificar su renuncia del Ejército.

El escándalo ha revivido el fantasma de las escuchas ilegales del del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra políticos de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y magistrados durante el mandato de Álvaro Uribe.