El expediente del exsenador y actual precandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, en el que se le investiga por supuestamente obtener su título de abogado, tuvo un nuevo giro que El Espectador conoció desde el pasado 1 de abril, pero que se concretó hasta este martes cuando la Fiscalía solicitó oficialmente la preclusión del caso. El político está ante los estrados por gestionar un fraude institucional y así obtener su diploma de la Universidad de Medellín.

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En este caso, la petición fue argumentada por el fiscal delegado Fernando Augusto Arias Velázquez ante un juzgado penal de Bogotá, luego de que el exsenador Bedoya dejara de ser congresista y el caso que reposaba en la Corte Suprema de Justicia quedó en manos de un delegado del búnker. El fiscal, quien recién llegó al caso, solicitó que se archive el proceso porque las pruebas contra Bedoya no constituiría los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público y fraude procesal, por los que es investigado.

Aunque la Fiscalía tiene claro que su proceso no amerita seguir con la investigación formal, la Corte Suprema, por el contrario, si encontró asidero en la acusación. A su juicio, las evidencias que alcanzó a recopilar el alto tribunal revelarían el esquema ilegal que le permitió a Bedoya conseguir el título en tiempo récord. En el expediente que recibió la Fiscalía no solo hay pruebas documentales que evidencian que habría sido imposible, o por lo menos “inhumano”, que Bedoya hiciera exámenes y preparatorios en tiempo extremo, sino también testimonios de lo sucedido.

La Corte encontró que, aunque el exsenador había estado vinculado a la Universidad desde 2001, cuando realmente volvió para graduarse fue en el segundo semestre del 2018. En ese momento, su regreso a clases debía ser aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho. Sin embargo, su reintegró terminó siendo aprobado por el Consejo Académico, otra instancia administrativa, sin ninguna explicación de por qué el cambio. Aunque se esperaba que al menos hubiera sido una decisión en pleno del Consejo, lo que encontró la Corte es que la única persona que firmó el acta para su regreso fue Juan Felipe Hernández, subsecretario general de la Universidad de Medellín.

Para el alto tribunal, “el subsecretario general de la Universidad de Medellín, quien cumplía funciones secretariales ante el Consejo Académico, habría plasmado hechos contrarios a la verdad”. Como lo reveló El Espectador en octubre del año pasado, las más sospechosas irregularidades vinieron después. El político estuvo entrando y saliendo de la Universidad, entre 2001 y 2018, cuando finalmente decidió volver para graduarse, así que el centro educativo le organizó un plan de estudios para que solo tuviera que presentar unos cuantos exámenes finales, los preparatorios y un par de requisitos de grado pero, al parecer, ajustados a sus necesidades.

La Corte encontró que en varias de esas pruebas los jurados ni siquiera tenían que ver con las materias evaluadas; entre otras, el alto tribunal estableció que las actas de aprobación solo las firmó una persona, cuando el reglamento dice que deben ser tres, y en otros casos, presentó tres preparatorios el mismo día, algo inusual por la exigencia académica de esas evaluaciones. Aun con las pruebas que remitió la Corte a la Fiscalía, el ente acusador decidió solicitar el archivo de la decisión y será un juez el que defina la situación jurídica del exsenador.

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Durante la semana pasada, estudiantes, representantes y egresados de la Universidad de Medellín publicaron un video en redes sociales donde manifestaron su indignación frente a la posible preclusión. Para la comunidad académica que se manifestó, las pruebas sí son suficientes para acusar a Bedoya ante la justicia, postura contraria a la de la Fiscalía.

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