Los delitos que le imputa la Fiscalía a Prieto Uribe son tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y uno más, falso testimonio, por decir que no había favorecido a la firma brasileña Odebrecht y hay evidencias de que sí lo hizo.
La fiscal encargada del caso dijo que, según publica el diario El Tiempo, existía un ‘modus operandi’ en el que Prieto Uribe “busca a entidades estatales para favorecer a multinacionales como Odebrecht, Impreglio, Consultores Unidos, Geo Consulting con el argumento de traer inversión extranjera, haciendo énfasis en su interés altruista, y resaltando la institucionalidad”.
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Así mismo, según este medio, la fiscal concluye que el dinero que Prieto Uribe pedía a las empresas era para él y no para la campaña porque “el ejercicio democrático ya había terminado con sus informes al Consejo Nacional Electoral”, lo que quiere decir que incurrió en enriquecimiento ilícito.
Roberto Prieto Uribe se declaró inocente de todas las imputaciones y alegó que se trata de una maquinación macabra contra él y su familia. Sin embargo, hay evidencias en su contra sobre la financiación por parte de Odebrecht de 2 millones de afiches y encuestas para la campaña 2014-2018 de Juan Manuel Santos, así como el lobby que hizo ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que los estudios y diseños de puente Plato, en Magdalena, se adjudicaran a una de estas empresas como una adición al contrato de la Ruta del Sol III.
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