La Fiscalía asegura que con esa alianza el exgobernador Alejandro Lyons y el prófugo senador Musa Besaile lograron desviar recursos por unos 8.950 millones de pesos, y que el objetivo del pacto ilegal era apropiarse de un 30 % de los más de 80.000 millones de pesos destinados en regalías para proyectos de ciencia y tecnología, informó El Espectador.

Pero según el fiscal del caso senador y exgobernador no fueron los únicos involucrados, ya que Lyons pidió asesoría en 2011 en la Universidad del Sinú y por medio del profesor Jairo Zapa Pérez (director de regalías en Córdoba asesinado en marzo de 2014), “comenzó a gestar la manera de apropiarse indebidamente de los dineros del Estado”.

“Desde el segundo semestre de 2011 usted, Alejandro Lyons, Jesús Henao Sarmiento, Maximiliano García Basanta, Alberto Zapa Pérez, Sami Spath Storino, Carlos Pérez Misael Herrera, Elmer Elias Chapman y otros ciudadanos, se concertaron con la finalidad de cometer delitos indeterminados contra la Administración Pública”, dijo la Fiscalía en la audiencia, declaración que recoge ese medio.

Lyons asegura que una parte de ese dinero terminó en manos del senador Besaile, que lo catapultó a la Gobernación, y declaró que de estos recursos también se desviaron 600 millones de pesos supuestamente para pagar un “soborno a la Corte Suprema de Justicia”, agrega Semana.

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Con este arsenal de pruebas, la Fiscalía le imputó a Lyons los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

Sin embargo, explica la Fiscalía en un boletín, el exgobernador dijo que solo aceptará su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir simple hasta que se firme el acuerdo al que llegó con el organismo acusador.

Por los demás cargos, Lyons se acogerá “a un principio de oportunidad” para seguir colaborando con la justicia.

Así las cosas, el exgobernador solo pagaría cinco años de cárcel por el escándalo de corrupción en Córdoba, que ya salpicó a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al exfiscal anticorrupción.