El operativo fue coordinado con la Dirección de Investigación Criminal – Interpol, Dijín, de la Policía Nacional, en 31 municipios del país, a 219 bienes avaluados en $260.000 millones obtenidos con dineros del narcotráfico.
El ente perseguidor penal afectó las propiedades de Mario Élber Garzón Escobar, alias ‘Mario Bros’, —capturado el pasado 9 de febrero en Quimbaya—, quien sería el principal articulador del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’, por designación directa del extraditado máximo cabecilla de esa organización, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.
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Cabe señalar que en el Quindío, en zona rural de Filandia, Jhon Fredy Zapata Garzón, de 42 años, llamado ‘Messi’ o ‘Candado’, el jefe de finanzas del temido ‘Clan del Golfo’, fue capturado por las autoridades el 6 de enero del 2021.
El operativo
La Fiscalía lideró una ofensiva contra el patrimonio de presuntos cabecillas de varias estructuras ilegales.
8 fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en articulación con la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, con el apoyo del CTI y la Dijín y la Sijín de la Policía Nacional; además del Ejército se desplazaron a Antioquía, Atlántico, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Huila, Caquetá, Nariño, Cundinamarca, Tolima y Bogotá para hacer efectivas las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo; sin embargo, secuestro y toma de posesión sobre activos avaluados en cerca de $ 260.000 millones.
En los procedimientos fueron afectadas propiedades que pertenecerían al patrimonio ilegal de una sociedad que, supuestamente, estuvo al servicio de Phanor Arizabaleta Arzayús, exintegrante del ‘Cartel de Cali’, y su núcleo familiar.
También el patrimonio de Éver Alexis Santander Prado, presunto intermediario entre los grupos narcotraficantes de Colombia y Ecuador, con los denominados carteles de la droga de México.
Además, el de Jaime Quintero Carvajal, quien, en 2017, regresó a Colombia tras cumplir una condena en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. A su retorno al país, al parecer, intentó recuperar bienes por la fuerza, entre estos, lotes en Candelaria (Valle del Cauca) que aparecían a nombre de algunos de sus familiares.
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También fue afectada una red criminal que, desde 2016, habría enviado varias toneladas de cocaína a Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Ecuador y Estados Unidos, a través de lanchas rápidas, submarinos autopropulsados y semisumergibles.
Así mismo, de presuntos auspiciadores del tráfico de cocaína, marihuana y benzodiacepinas para las organizaciones criminales ‘La Terraza’ y ‘La Oficina’. Cabecillas de La Cordillera, quienes habrían adquirido predios en Pereira y Dosquebradas (Risaralda), Cauca, Valle del Cauca y Bogotá, entre 2005 y 2018.
También de Gonzalo Santiago Barreto, condenado por el Tribunal Correccional de Luxemburgo a 10 años de prisión, en noviembre de 1994.
De igual manera, de Alfredo Rivas y María Esperanza González Herrera, sentenciados por la Audiencia Provincial de Madrid (España) como autores de un delito contra la salud pública por distribuir estupefacientes.
También fueron ocupados bienes de la organización ‘Los Chacón’ que delinquía en la localidad de Santa Fe en Bogotá. Estas redes usaban hoteles y otros inmuebles para almacenar y comercializar estupefacientes en pequeñas cantidades y para recaudar el dinero producto del comercio ilegal de estupefacientes.
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