El documento pide que se investigue a Jorge Hernán Díaz, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y su equipo de investigadores, Jairo Humberto Aróstegui y Jorge Sarmiento, así como a la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García, según un documento difundido en su totalidad por RCN Radio.
Además, solicitan al Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría revisar las declaraciones de los funcionarios e imponerles una “sanción ejemplarizante” para que no revictimicen o ataquen la dignidad de las víctimas ni nieguen las violaciones a los derechos humanos en la toma y retoma del edificio ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Asimismo, le pidieron al fiscal encargado, Fabio Espitia, que remueva a la totalidad del equipo de fiscales que está a cargo de la investigación.
La petición está liderada por la familia de Carlos Augusto Rodríguez Vera, entonces administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, y una de las personas de las que hasta el momento no se sabe nada. Incluso, la CorteIDH ya falló en su caso y lo declaró como desaparecido al asegurar que salió con vida del edificio en compañía de militares y fue torturado en la casa del Florero y la Escuela de Caballería.
En el documento, la familia Vera asegura que el equipo investigador ha prejuzgado el caso y demostró “una descarada ausencia de imparcialidad”, por las declaraciones en las que afirmaron que 6 de los 11 casos del Palacio de Justicia no se podían considerar como desapariciones forzadas “sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados” en el año 1985.
La recusación se basa en dichas palabras que consideran opiniones “temerarias, irresponsables y abusivas”, y con un claro interés por revictimizar a su familiar, y los demás desaparecidos.
En dichas declaraciones, los funcionarios añadieron que “de esos desaparecidos alguno que se entregó como ‘Pepito Pérez’ terminó siendo ‘Manuel Gómez’”, ante lo cual, los familiares respondieron que era indignante que 34 años después los investigadores le den al caso un tratamiento “con ironía, sarcasmo, burla y ataque a la dignidad de las víctimas”.
De las palabras de la doctora García en particular, dijeron que “pretenden encubrir las manifiestas violaciones a los derechos humanos”, y de todo el equipo investigador añade el documento:
“Estas declaraciones denotan temeridad y parcialidad, que conllevan a nuestra revictimización y desconocen abiertamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy es claro que sus actuaciones son un remedo de justicia, que lo único que pueden producir es desconfianza por parte de la sociedad y las víctimas”.
La familia Vera también recuerda que en el caso de su padre y esposo y en el de Irma Franco Pineda, la CorteIDH admitió la existencia de “pruebas fehacientes e irrefutables de la desaparición forzada”, y sus declaraciones son el resultado de una “esquizofrenia institucional”.
Entre tanto, el abogado de la familia Vera agregó que informará de esta situación durante la audiencia que próximamente se llevará acabo ante la CorteIDH, pues sus representantes llegarán a Bogotá el 6 de septiembre para revisar qué ha pasado con el fallo que emitió en contra del Estado hace cinco años sobre las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante el holocausto del Palacio de Justicia.
Cabe recordar que ese tribunal internacional condenó a Colombia en 2014 y le ordenó buscar a los desaparecidos. Las declaraciones que hicieron los funcionarios de Medicina Legal y la Fiscalía hacen parte del informe que presentarán en dicha reunión.
En video, las declaraciones de los investigadores recusados:
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