Este martes, la Fiscalía dio un primer adelanto de los resultados de su investigación, pero con un preámbulo que cambiaría de manera radical la historia que se ha venido dando por sentada.

Jorge Ricardo Sarmiento, uno de los fiscales encargados de la investigación, adelantó a Noticias Caracol que los hallazgos de Medicina Legal y el ente acusador “permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas”, sino que “fueron casos de malas identificaciones o de cuerpos mezclados”.

“Estas 11 personas, que supuestamente habían sido desaparecidas, realmente habían sido mal entregadas o mal identificadas en el año 1985”: Jorge Ricardo Sarmiento

La directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García Fino, dijo a ese noticiero que las irregularidades en la identificación no solo partieron por la precaria tecnología de la que se disponía en ese entonces, sino que hubo cierta negligencia a la hora de hacerlo. “Hacíamos identificaciones con huellas dactilares, pero estos cuerpos no todos tenían huellas dactilares”, explicó. “Entonces algunas identificaciones fueron orientadas con elementos, pertenencias, objetos, que no es una identificación fehaciente”.

“Para ese momento sí hubo deficiencias frente a la identificación, deficiencias que estamos corrigiendo 30 años después”: Claudia Adriana García Fino

Sin embargo, los hallazgos irían más allá, e incluso pondrían en duda que cadáveres que se entregaron a familias con presunta certeza de que eran los de sus parientes muertos, podrían haber sido identificados de manera errónea.

De las personas muertas en los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, “56 cuerpos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país y 38 fueron a parar a la fosa común del cementerio del sur”, detalló el fiscal Jairo Humberto Oróstegui, a ese mismo medio. Según él, “en la mayoría de los casos (…) los cuerpos que precisamente fueron entregados en cementerios hemos encontrado muchos de los desaparecidos del Palacio de Justicia”.

“De esos desaparecidos, algunos que se entregaron como Pepito Pérez pues terminó siendo Manuel Gómez” (sic): Jairo Humberto Oróstegui

De las 11 personas que hasta ahora se consideran desaparecidos forzosamente, faltan 6, que estarían en manos de familias equivocadas, añade Caracol. La nueva versión tendría implicaciones muy profundas y con alcances insospechados, pese a que el Estado ya reconoció su responsabilidad no solo por desaparición forzada sino también por tortura.

Por ejemplo, el fiscal Oróstegui habla de 8 cuerpos que fueron cremados, “o bien por las familias o bien por cementerios privados”, pese a que la ley dice que los cuerpos de víctimas de muertes violentas no pueden ser incinerados.

Dos de los familiares de víctimas de la violenta retoma del Palacio hablaron con ese medio y lamentaron que más de tres décadas después se torciera la historia de esta manera. “Este no es el momento para revertir pruebas o para salir con nuevos argumentos, sobre todo cuando el Estado ya hizo el reconocimiento de la desaparición forzada de al menos dos personas ante la Corte Interamericana”, declaró una de ellas.

Algunos congresistas reprocharon que se pusiera en duda uno de los axiomas de la historia colombiana, sobre todo a la luz de múltiples fallos judiciales anteriores y en la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Algunos tuiteros sugirieron que la decisión busca evitar las millonarias indemnizaciones que la condena de 2014 le representa a la Nación, mientras que otros recordaron los intentos de algunos sectores por reescribir la historia. Estos últimos recordaron, por ejemplo, que este mismo martes el director del Centro de Memoria Histórica aseguró que algunos informes de esa institución podrían estar sesgados, según La W.

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