Cinco miembros de una misma familia fueron capturados en Manizales y Bogotá, por su presunta responsabilidad en la consolidación de una red de explotación de mujeres. Los criminales reclutaban a las víctimas con falsas promesas de empleo, las llevaban hasta Chile y allí las obligaban a hacer todo tipo de cosas.

“La red ubicaba a las víctimas en sectores marginales de la ciudad. Al parecer les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá; y, posteriormente a Chile donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de lenocinio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco”, detalló Hugo Tovar Pérez, director especializado de la Fiscalía contra las violaciones a los Derechos Humanos.

A la red criminal la comprometen 350 audios y el testimonio de 27 víctimas. Las mujeres narraron que permanecieron encerradas en pequeñas habitaciones en las que se sentían hacinadas.

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Allí tenían precarias condiciones de salud y en ese mismo lugar las obligaban a tener relaciones con hombres que llegaban allí a través de dos sitios web.

A las mujeres, inmediatamente llegaban a Chile, les fijaban una deuda de cinco millones de pesos por concepto de pasajes. El compromiso aumentaba, para la red criminal, por los supuestos gastos de manutención en el extranjero.

Además, detalló la Fiscalía, les imponían “multas por no acceder a las pretensiones de los clientes”.

“De igual manera, las jóvenes afirmaron que les exigían grabar videos con contenido explícito mostrando la cara y aseguraron que los registros obtenidos eran usados como método de intimidación para que no escaparan, en el entendido de que la estructura ilegal los enviaba a sus familiares para generar vergüenza y a las autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

El material probatorio recopilado da cuenta de la existencia de la red desde 2019. La señalada familia criminal giraba los dineros obtenidos por la explotación en Chile y con él continuaban el reclutamiento de jóvenes en el Eje Cafetero.

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Por estos hechos las autoridades reportaron la captura de siete personas, cinco son de la misma familia. Todos permanecen detenidos y están imputados por distintos delitos.

Beatriz Elena Marín González, alias ‘Betty’, fue imputada por los delitos de trata de personas y lavado de activos. Es la señalada de articular la red y coordinar el traslado de las víctimas hasta Chile.

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